El Gobierno nacional decidió acelerar a fondo para conseguir su próximo paquete de reformas en el Congreso. Sin mayoría propia en las cámaras, la estrategia de Javier Milei se prepara para ejecutar otra jugada de manual: el uso de fondos frescos para aceitar el diálogo con los gobernadores denominados “dialoguistas”.
Esta vez el objetivo es garantizar los votos necesarios para convertir en ley dos proyectos clave y extremadamente cuestionados de la gestión desreguladora: la reforma de la Ley de Glaciares y la denominada Ley Hojarasca, otro Frankestein con el sello inconfundible de Federico Sturzenegger.
Para eso, en las últimas horas, la Casa Rosada avisó que habilita un flujo de 400.000 millones de pesos destinados a las provincias. Este desembolso se canalizó a través de adelantos de coparticipación y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El movimiento empalma con las acuciantes necesidades fiscales de los distritos, agravadas por la marcha de la economí areal.
Según los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación tributaria de marzo cayó y quedó por debajo de la inflación por octavo mes consecutivo. Con una contracción real superior al 4% y una recaudación que totalizó 16 billones de pesos, las arcas provinciales sintieron el impacto de la baja en el consumo y el comercio exterior, lo que volvió a los mandatarios mucho más receptivos a las propuestas de Balcarce 50.
Con la billetera abierta, el oficialismo ya puso fecha al tratamiento. Los alfiles libertarios en la Cámara de Diputados planearon sesionar el próximo miércoles 8 de abril. La intención es tratar en conjunto la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca, aprovechando que el Senado ya le dio el visto bueno a los cambios en materia ambiental a fines de febrero.
Glaciares y hojarascas
El proyecto buscó redefinir el alcance de la protección ambiental para permitir el desarrollo minero en zonas que hoy están vedadas. Básicamente, la reforma propuso que la protección se limite a los cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de identificar estas áreas. Para gobernadores de la zona cordillerana, esto representó la posibilidad de destrabar inversiones por miles de millones de dólares.
Por otro lado, el proyecto de “Ley Hojarasca”, impulsado por Federico Sturzenegger, buscó “limpiar” el sistema jurídico argentino de normativas obsoletas. El texto propuso la derogación de unas 70 leyes nacionales que el Ejecutivo consideró inútiles o restrictivas de la libertad individual.
Entre las leyes que Milei quiso eliminar se encontraron regulaciones que obligaron a trámites innecesarios de microfilmación o controles estatales sobre reuniones privadas que contradijeron la Constitución Nacional. Desde el Ministerio de Desregulación aseguraron que esta ley fue vital para remover los obstáculos que impidieron el desarrollo del sector privado.
