El anuncio de la concesión del Complejo Hotelero Chapadmalal fue comunicado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni en el contexto marcado por la conferencia de prensa sobre los cuestionamientos de su patrimonio.
Para trabajadores del predio en el partido de General Pueyrredón no pasó desapercibido, ya que interpretan el anuncio como parte de una estrategia de agenda distractoria.
Mientras el cuestionado funcionario intentó correr el foco mediático de su posible corrupción en el régimen de Javier Milei, hacia la política turística, en Chapadmalal la preocupación lleva más de un año acumulándose sin respuestas concretas.
El anuncio consistió en hablar de una concesión a 30 años del histórico complejo Hotelero de Chapadmalal. “Se busca traer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente“, expresó el funcionario que hoy está en el centro de la polémica.
Adorni insistió en que que esta medida “reduce la carga para el Estado de su mantenimiento”.
Un anuncio en medio de la polémica
La confirmación oficial de la concesión se dio en simultáneo con ese cuestionamiento público sobre la evolución patrimonial del Adorni. En ese marco, el complejo volvió a escena, llamativamente, como eje discursivo.
“De un día para el otro se acuerdan de Chapadmalal”, expresó un trabajador. Otro fue más directo: “Lo usan para tapar otra cosa, pero nosotros seguimos sin saber qué va a pasar”.
“Hemos entrado en un futuro incierto desde marzo del año pasado. Hemos sido absorbidos por la Jefatura de Gabinete y el proceso de privatización todavía está en una especie de limbo”, expresaron al medio local 0223, desde UPCN BA Delegación General Pueyrredon.
El Gobierno sostiene que la concesión busca atraer inversiones y recuperar infraestructura deteriorada. Sin embargo, no difundió detalles sobre el pliego ni sobre el impacto laboral.
Un año en el limbo
Desde el traspaso del complejo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en 2025, los trabajadores denuncian un proceso sin información ni planificación visible. En ese período, el predio quedó sin actividad turística sostenida, con hoteles cerrados y sin continuidad de los programas de turismo social.
“Estamos en un limbo desde hace más de un año”, señalaron desde el predio. La falta de definiciones se tradujo en un complejo prácticamente inactivo, sin temporadas operativas ni ocupación regular.
“No hay reuniones, no hay explicaciones, no hay nada”, resumió otro empleado.
Actualmente, unas 60 familias dependen de manera directa del funcionamiento del complejo, además de trabajadores indirectos vinculados a servicios y mantenimiento.
Temor por el futuro laboral
El punto más crítico es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo. La concesión no incluye, hasta ahora, información pública sobre la continuidad del personal.
“No hay garantías de que el privado tome a los trabajadores”, advirtieron desde el complejo.
Las versiones internas hablan de posibles despidos masivos. “Se dice que podrían echar a todos”, afirmó un empleado bajo reserva.
A esto se suma el impacto sobre el turismo social, históricamente asociado al predio. “Si esto pasa a manos privadas sin condiciones, ese modelo desaparece”, señalaron.
El deterioro de las instalaciones, que el Gobierno menciona como argumento para concesionar, también es leído por los trabajadores como parte de un proceso previo.
“Esto se fue dejando caer, no es casual”, afirmó uno de ellos.
“Venden humo“, dijeron desde el sindicato de trabajadores.
Con el anuncio ya en marcha y sin definiciones concretas, el escenario combina conflicto laboral, incertidumbre operativa y un trasfondo político que amplifica la tensión. “El panorama es muy terrible”, concluyen.
