Una nueva presentación judicial sacude a la UCR bonaerense y abre más interrogantes sobre el modo en que los diferentes sectores en pugna por la conducción del centenario harán para acordar un esquema que devuelva orden institucional al centenario partido.
Ante el juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, el sector que lidera Miguel Fernández elevó un pedido con el que busca la nulidad tanto de la reunión autoconvocada del Comité de Contingencia como del encuentro realizado, en esa misma jornada, por la Convención de Contingencia en las que se dispuso el adelantamiento de los comicios para el 7 de junio.
Cabe recordar que el último viernes, sectores del abadismo, possismo y de Evolución decidieron impulsar ambas reuniones y desconocieron la convocatoria para el próximo jueves 12 de marzo que realizó Miguel Fernández, titular de la Comisión de Contingencia.
El diagnóstico común de estos sectores opositores al “fernandismo” es que la conducción partidaria quedó “deslegitimada” tras la virtual acefalía generada por un amparo judicial que impidió la asunción de la comitiva y por los malos resultados electorales en los comicios legislativos del 2025 y por ellos era necesario anticipar los comicios.
Afirman que el mecanismo de autoconvocatoria es estatutario y que se cumplió con el reglamento al pasar sobradamente los 2/3 requeridos (en el caso del Comité de Contingencia) y la totalidad del plenario de la Convención en la que participó incluso el representante fernandista Agustín Máspoli.
En ese marco, las votaciones fueron 5 votos a favor del adelantamiento, una abstención y un voto negativo en el Comité de Contingencia y 9 a 1 en igual sentido durante el plenario de la Convención.
¿Por dónde va la presentación del fernandismo ante Ramos Padilla?
Según comentaron voceros del sector a Infocielo, las impugnaciones son tanto de forma como por el contenido acordado. “No solo la autoconvocatoria en lo formal sino lo resuelto por los autoconvocados y la convención de contingencia” explicaron.
A nivel formal, el sector que lidera el exintendente de Trenque Lauquen sostiene que los sectores autoconvocados se basaron en el artículo 74 de la Carta Orgánica partidaria, que establece que cuando un tercio de los miembros solicita una sesión, el presidente debe convocarla dentro de los diez días. En caso de no hacerlo dentro de cinco días, la convocatoria puede ser realizada por el vicepresidente o la autoridad que lo reemplace.
Según ese sector, la nota con el pedido para sesionar este jueves 12 de marzo, presentada el 27 de febrero, fue respondida por Miguel Fernández el 4 de marzo, es decir dentro del plazo de cinco días, por lo que consideran que la convocatoria fue realizada “en tiempo y forma” y es la única válida para realizar el plenario (no había motivos para adelantar o hacer una autoconvocatoria consideran).
El otro eje argumental se centra en lo decidido el último viernes. “Tan o más importante es sobre lo que se resolvió es coherente con lo que se acordó unánimemente en octubre del año pasado que dio origen a la prórroga de mandatos” explicaron ante la consulta de este medio.
La referencia hace mención al acuerdo entre los sectores en 2025 en el que se acordó que los comicios se lleven a cabo el 6 de septiembre y que incluye un cronograma con fechas precisas para la convocatoria a elecciones (10 de junio) y presentación de listas (7 de agosto)
