El Gobierno bonaerense aprobó el Decreto 3233/25, mediante el cual la Autoridad del Agua (ADA) actualiza la fórmula de cálculo del canon por uso y explotación del agua para usuarios no domiciliarios. La medida alcanza a emprendimientos productivos y desarrollos urbanísticos privados, pero excluye expresamente a los hogares particulares.
El nuevo esquema reemplaza criterios uniformes por un modelo basado en parámetros técnicos y ambientales. Entre las variables incorporadas figuran el caudal declarado, la fuente de extracción —superficial o subterránea—, el factor de retorno (es decir, el volumen que se reintegra al sistema sin alteraciones significativas en su calidad), la magnitud del emprendimiento, la disponibilidad hídrica regional y la implementación de medidores de caudal.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización permitirá avanzar hacia un sistema “más ordenado y transparente”, reduciendo márgenes de discrecionalidad en la fijación de valores y adecuando el cobro al uso efectivo y al impacto real sobre el recurso. La implementación será gradual, con el objetivo de facilitar la adaptación de los distintos sectores alcanzados.
Señales económicas con impacto ambiental
El núcleo del cambio reside en la lógica económica que introduce el decreto. La estructura tarifaria será progresiva: los mayores volúmenes de extracción enfrentarán costos marginales crecientes. Asimismo, quienes presenten menores tasas de retorno o utilicen fuentes más vulnerables, como ciertos acuíferos, afrontarán una valorización más elevada del recurso.
En sentido inverso, el esquema contempla incentivos para la eficiencia hídrica. Los usuarios que instalen caudalímetros o que logren reintegrar un mayor porcentaje de agua sin deterioro significativo de calidad podrán acceder a una reducción de la carga. De esta manera, la fórmula busca internalizar costos ambientales dentro del sistema de precios y desalentar prácticas de sobreexplotación.
Los fondos recaudados continuarán destinados al sostenimiento de tareas de medición, planificación, monitoreo y control que realiza la ADA, consideradas centrales para garantizar la disponibilidad y calidad del agua a largo plazo.
La actualización, publicada esta mañana en el boletín oficial, se inscribe en el marco del Código de Aguas (Ley 12.257) y en el principio constitucional de dominio provincial sobre los recursos naturales. Con este paso, la Provincia redefine el canon no sólo como un instrumento recaudatorio, sino como una herramienta de gobernanza hídrica orientada a la sostenibilidad y al uso racional de un recurso estratégico.
La historia de un canon muy debatido
El canon por uso del agua fue creado en el marco del Código de Aguas (Ley 12.257), sancionado a fines de los años 90 en la Provincia de Buenos Aires, que estableció el principio de que el uso productivo de un recurso hídrico de dominio público debía estar sujeto a una contraprestación económica. Sin embargo, durante años el esquema tuvo escasa o nula aplicación efectiva.
Fue recién durante la gestión de Daniel Scioli cuando, a partir de 2013, se reglamentó y comenzó a instrumentarse el cobro a industrias y grandes usuarios, lo que generó tensiones con cámaras empresarias que cuestionaron el impacto en costos y la modalidad de cálculo. Desde entonces, el canon existe formalmente, aunque su implementación y actualización han sido objeto de debate político y técnico.
El universo alcanzado por el decreto está compuesto por industrias manufactureras que utilizan agua en procesos productivos y de enfriamiento; establecimientos agropecuarios que captan volúmenes significativos para riego o actividad ganadera; centrales energéticas; explotaciones mineras; desarrollos urbanísticos privados; grandes comercios y prestadoras del servicio de agua.
En estos casos, el recurso no se destina al consumo doméstico sino a procesos económicos que implican extracción directa de cursos superficiales o perforaciones sobre acuíferos, muchas veces con retornos parciales o con alteraciones en la calidad del agua. La magnitud y modalidad de uso varían según sector y escala, lo que explica la decisión oficial de abandonar un esquema uniforme y avanzar hacia un cálculo diferenciado.
