La controversia por las obras en la costanera de San Nicolás sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner en el centro de la escena al Ejecutivo municipal. Una denuncia penal ya se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial local y apunta directamente contra el intendente Santiago Passaglia, funcionarios de su gabinete y empresas vinculadas a los trabajos que se desarrollan en la zona ribereña.
La presentación fue realizada por el abogado Ulises Gabriel Godoy (T° IX, F° 16 CASN), quien pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de desobediencia, abuso de autoridad, daño y daño agravado, además de la violación de los deberes de funcionario público. El eje de la acusación se vincula con la presunta continuidad de las obras pese a una orden expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El conflicto se inscribe en la causa “Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA) c/ Provincia de Buenos Aires – Municipalidad de San Nicolás s/ Inconstitucionalidad”, que tramita ante la Secretaría de Demandas Originarias del máximo tribunal bonaerense. En ese expediente, con fecha 12 de mayo de 2023, la Corte dispuso la suspensión de artículos del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19 y ordenó, “sin dilaciones”, la clausura de todas las obras ejecutadas o en ejecución en las zonas alcanzadas por la tutela judicial.
La medida cautelar fue particularmente específica: incluyó los puentes de acceso vehicular a la zona insular, los caminos hacia las playas “Barranquitas” y “El Arenal”, y estableció el retiro inmediato de maquinaria, vehículos y equipamiento afectados a las tareas interdictas. Si bien la orden había sido notificada en su momento al entonces intendente Manuel Passaglia, una resolución posterior del 30 de mayo de 2024 dio por notificado personalmente al actual jefe comunal, Santiago Passaglia.
La orden judicial ignorada
Sin embargo, según sostiene el denunciante, la orden judicial no se estaría cumpliendo. Godoy afirmó haber constatado personalmente los días 17 y 20 de enero la continuidad de los trabajos, que calificó como de un avance “sorprendente”. En su escrito describió movimientos de suelo y descargas de escombros en el sector de la costanera vieja, a la altura de la avenida Juan Manuel de Rosas y León Guruciaga, en cercanías del puesto de la Prefectura Naval Argentina. Allí, camiones y maquinaria pesada estarían volcando material directamente sobre el cauce del arroyo.
De acuerdo con la denuncia, el municipio estaría ejecutando un plan de relleno de gran escala que contemplaría el vertido de alrededor de 300 camionadas de escombros. “Los trabajos se realizan a plena luz del día y a la vista de todos”, señaló Godoy, quien advirtió que cualquier ciudadano puede advertir la situación al transitar por la zona.
Como sustento probatorio, el abogado aportó fotografías y videos con fecha y ubicación georreferenciada, además de copias del Código Urbano Ambiental y de las resoluciones judiciales dictadas por la Suprema Corte. En ese marco, reclamó al fiscal interviniente el dictado de una medida cautelar urgente que ordene “el inmediato cese de toda actividad de relleno” en el área denunciada.
“El bien jurídico protegido —el ambiente— puede sufrir daños irreversibles o de muy difícil recomposición”, advirtió en la presentación, al fundamentar el pedido de urgencia. Ahora, será el Ministerio Público Fiscal el encargado de determinar si el accionar del Ejecutivo municipal constituye una desobediencia deliberada a una orden judicial del máximo tribunal provincial, un escenario que podría agravar considerablemente la situación judicial de la administración encabezada por Passaglia.
