La posible clausura de la histórica planta SIAT Tenaris en Valentín Alsina volvió a encender todas las alarmas en el Conurbano bonaerense. La advertencia directa de Paolo Rocca (deslizó que el complejo podría cerrar si el Gobierno permite la importación masiva de caños para el gasoducto de GNL) se metió de lleno en una situación que ya acumula miles de cierres industriales bajo la gestión de Javier Milei.
Y, en este caso, la amenaza impacta en una fábrica emblemática, fundada en 1948, que emplea a cientos de trabajadores y es uno de los últimos bastiones nacionales en la producción de tubos de acero.
Una disputa que desnuda un modelo desindustrializante
La situación se desató cuando el consorcio privado a cargo del futuro gasoducto de GNL inició una licitación internacional para la compra de tubos.
En ese marco, aparecieron ofertas desde China, India, México y España con precios significativamente más bajos que los de SIAT. Allí emergió el conflicto: Rocca consideró que la apertura a insumos extranjeros amenaza el negocio de Techint y la continuidad de la planta de Valentín Alsina.
En declaraciones públicas, el empresario avisó que la continuidad de la planta depende del “nivel de participación nacional” en el proyecto y aseguró que si avanzan los caños importados, la operación local se volverá inviable. En sus palabras, “si se suman tubos chinos en estas cantidades, la planta no tiene sentido económico”.
La reacción del Gobierno fue diametralmente opuesta: la Casa Rosada definió que lo relevante es el precio, y que la apertura irrestricta a las importaciones responde al modelo libertario.
Esa postura admite un efecto colateral inmediato: acelerar la caída de industrias locales que no pueden competir con la producción de países con costos laborales y fiscales mucho más bajos.
SIAT como rehén de una pulseada de poder
En medio de ese escenario político y corporativo, SIAT quedó atrapada como un botín estratégico. Los trabajadores conocieron la amenaza por los medios y rápidamente se encendió un clima de angustia: la planta sostiene entre 300 y 400 empleos directos y muchos más indirectos en la zona. La posibilidad de su cierre supondría un golpe profundo al tejido social de Valentín Alsina y alrededores.
Para Rocca, la señal al Gobierno fue clara: presionar con un conflicto que podría “detonar” en el Conurbano. Para el Ejecutivo, en cambio, se trató de una muestra de que Techint quiere sostener privilegios en un mercado donde otros países ofrecen productos más baratos.
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que no aceptarán “aprietes” y que se mantendrán firmes con su política aperturista.
Así, la fábrica quedó convertida en un tablero de negociación, un lugar donde la industria nacional y los trabajadores pasan a segundo plano frente a una confrontación por poder político y económico.
El trasfondo: un país en caída industrial
El conflicto no aparece aislado. Desde la llegada de Milei, la Argentina vive un proceso acelerado de desindustrialización, con cierre de fábricas textiles, metalúrgicas, madereras, autopartistas y químicas en diversas provincias.
Los empresarios pymes describen el escenario con términos duros: “no hay mercado interno, no hay crédito, no hay protección ni horizonte”.
En ese contexto, lo que ocurre con SIAT es un símbolo amplificado. No se trata de una pyme sino de una empresa de un conglomerado internacional, que aun así asegura que también la apertura importadora la deja al borde de la inviabilidad. Si una compañía de esa escala plantea semejante riesgo, la situación de la industria argentina aparece aún más comprometida.
El gasoducto de GNL y un proyecto clave
El gasoducto cuyo trazado abarcará cientos de kilómetros desde Vaca Muerta hacia la costa rionegrina es una obra estratégica. Permitirá exportar gas licuado y mejorar los ingresos en divisas del país. Sin embargo, la forma en que se defina la compra de insumos marcará si ese beneficio económico coexistirá con un daño estructural a la industria nacional.
Para Rocca, el proyecto debería tener un componente de “compre nacional”. Para Milei, no: la libertad absoluta de mercado es prioritaria. El resultado es un enfrentamiento donde los intereses locales, es decir el empleo, la producción y la tradición industrial, vuelven a quedar marginados.
El impacto en el Conurbano bonaerense
El eventual cierre de SIAT sería un golpe social, económico y simbólico para el Conurbano. Decenas de comercios, proveedores y trabajadores dependen del movimiento cotidiano de la planta.
En la zona, muchos recuerdan que la fábrica resistió crisis severas en los años 80, 90 y 2000. Pero esta vez el escenario parece distinto: la conjunción de importaciones masivas, un gobierno que promueve la apertura irrestricta y una empresa que condiciona su permanencia puede ser letal.
El temor más profundo entre los empleados se resume en una frase repetida en los pasillos: “no queremos ser otra estadística de cierre más”. Y no es un miedo infundado: miles de establecimientos industriales ya bajaron la persiana en el último año, la mayoría en la provincia de Buenos Aires.
El caso SIAT es un conflicto empresario-gubernamental que se convierte en espejo de un país donde las decisiones políticas y económicas dejan sin piso a su propia estructura productiva y donde cada fábrica que tiembla implica cientos de vidas que tambalean con ella. En Valentín Alsina, esa sensación se respira en cada cuadra.
