La Justicia bonaerense demora la puesta en marcha de un sistema actualmente vigente en el ámbito laboral, que mejora la administración de Justicia convalidando el doble confronte, pilar de la defensa en juicio y garantía de igualdad: la eliminación de la instancia única, con la incorporación de la doble instancia ordinaria en un fuero laboral.
Se trata de la Ley 15057, sancionada con abrumadora mayoría durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuyo propósito era generar condiciones para una revisión de la resolución de primera instancia, independientemente del tenor de la misma, a cargo de un tribunal de alzada integrado por otros jueces. Un principio fundamental que honra la garantía consagrada para el resto de los fueros: el doble confronte.
Un sistema sin tribunal de alzada de imposible revisión
El sistema, tal y como funciona, deja sin margen de apelación a los contendientes, por imperio de una combinación que mezcla el formato actualmente vigente para llegar a la Suprema Corte con los costos del trámite, sin perjuicio del privilegio del que goza el máximo tribunal de postergar sin fecha límite la apelación formulada.
En efecto, en la actualidad, la parte agraviada que pretende llegar a instancia de revisión a cargo de otro tribunal, encuentra esa posibilidad vía un recurso extraordinario ante la Corte. Un oneroso camino que tiene un costo por encima de los $15 millones que surge del valor de 500 IUS, la unidad de medida de costos para litigar. Un presupuesto que margina casi a la totalidad del universo litigante, salvo –literalmente- multinacionales con espalda para soportar esa inversión.
Una vieja deuda que descansa el sueño de los (in)justos
No se trata de una demanda nueva para sanear el sistema laboral que garantice el principio elemental de garantizar la defensa en juicio. La norma mencionada, que reforma el actual funcionamiento de la Justicia laboral, amañado y caprichoso que empodera a los integrantes los tribunales coartando el legítimo derecho para la revisión de una sentencia, surge como mandato jurídico desde la entrada en vigencia de la Ley 15057, en noviembre de 2018
La virtud de la norma, además de la obligación que supone al sistema jurídico aplicar la ley vigente, quedó fuera de discusión cuando la propia Suprema Corte de Justicia bonaerense, firmó la resolución 1840 en julio del año pasado, estableciendo la plena vigencia del 70% del plexo normativo de la ley 15.057.
La puesta en marcha del nuevo sistema, incluso, goza del respaldo del Colegio de Abogados que representan a los profesionales del derecho en el ámbito provincial, que entienden que la actual lógica de funcionamiento de los tribunales laborales, atenta contra la garantía de igualdad de los procesos, en la defensa de sus patrocinados.
El incumplimiento de la ley vigente, aún con las limitaciones que impuso la Suprema Corte a su plena vigencia, toma relieve en medio de la polémica instalada en el ámbito de la Justicia laboral bonaerense, donde se ha instalado una verdadera lógica de funcionamiento que atenta contra el principio básico de igualdad ante la ley, e incentiva la “industria del Juicio”. Una práctica que suele derivar en el cierre de pymes imposibilitadas de hacer frente a costosas sentencias sobrevaloradas arbitraria y caprichosamente –sin respeto a la jurisprudencia y de manera dispar-, sin chances de ser revisadas.
