En lo que fue una maratónica sesión, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo a pesar del apoyo multitudinario que se expresó en todo el país. En ese marco, mientras los abortos clandestinos seguirán produciéndose con el peligro latente de la muerte de más personas, se presentan varios pasos a realizar para que finalmente se obtenga el derecho.
En primera instancia, en base a la reglamentación parlamentaria, para volver a tratar la misma iniciativa habrá que esperar un año. Es decir que se podrá hacerlo en agosto de 2019, en medio de la campaña electoral para las PASO de las elecciones presidenciales.
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Por su parte, otra opción es la propuesta realizada por el diputado nacional, Daniel Lipovetzky, para que se lleve a cabo una “consulta popular vinculante”. Se trata de un mecanismo de democracia semidirecta que se incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y fue reglamentado en el 2001 por la Ley 25.432. El gobierno debe acatar el resultado de la consulta convocada por el Congreso a través de la Cámara Baja.
A su vez, trascendió como posibilidad que el Poder Ejecutivo incluya en la reforma del Código Penal un articulado en particular sobre la despenalización de la mujer en casos de aborto, pero esa opción solo quedaría reducida a los casos de violación o riesgo de vida.
Desde el bloque del PJ denominado “racional” plantearon que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de delinear a través de un fallo histórico los pasos a seguir en casos de aborto. En 2012 la Corte interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Además, exhortó a implementar protocolos hospitalarios.
Al margen de lo que plantean los distintos ámbitos institucionales, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito adelantaron que seguirán en el mismo camino hasta lograr el objetivo. Las masivas manifestaciones que han logrado convocar, son el principal fundamento para exigir a la creación del derecho para mujeres y personas con capacidad gestante.
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