A través de un reciente fallo, la Corte Suprema de la Nación desestimó un recurso de amparo presentado por la Municipalidad de Pergamino, a cargo del intendente Javier Martínez (PRO), y confirmó la vigencia de la prohibición de las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.095 metros en la zona urbana de modo terrestre y a menos de 3.000 por vía aérea.
El máximo tribunal avaló la determinación del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo, quien en el año 2019 ordenó al Municipio detener las fumigaciones e impuso las distancias mínimas antes mencionadas.
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La medida convalida aquella denuncia realizada por la referente ambiental Sabrina Ortiz, quien se puso al hombro el reclamo luego de padecer, junto a sus hijos, distintas afecciones derivadas de los productos utilizados para la fumigación (glifosato). Para dar la batalla legal, incluso estudió y se recibió de abogada y lideró ella misma las presentaciones judiciales.
Años atrás, los señalamientos acerca de la contaminación en el agua de Pergamino, fueron avalados con un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a cargo de la Doctora en Biología, Delia Aiassa. El estudio demostró que los agroquímicos en sangre pueden producir “daños genéticos” y así se convalidó a base de las diferentes enfermedades que sufre toda una familia de Pergamino.
“Hoy es un día muy importante ya que la justicia sigue firme en la medida preventiva que aleja las fumigaciones con agrotoxicos en toda la ciudad. Una medida que nada tiene de disparatada, como dicen desde la Intendencia o grupos productores” celebró a través de Facebook la agrupación “Paren de Fumigar Pergamino” .
En esa dirección, remarcaron que “estas distancias están fundamentadas desde la ciencia digna, con el gran trabajo científico y humano de muchas personas que nos acompañan. Seguiremos defendiendo la vida porque estamos convencidos de que la salud no se negocia” explicaron.
Pergamino: Productores procesados y exfuncionarios municipales a juicio
Por el hecho mencionado, los productores Mario Roces, Fernando Cortese y Víctor Tiribó fueron procesados y embargados, acusados de ser “coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados como peligrosos”, un delito que estipula una pena que oscila entre los tres y diez años de prisión.
En tanto, en un causa paralela se avanzó contra Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, ex titular y ex auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, durante la gestión del actual intendente Javier Martínez (PRO).
A los exfuncionarios se los acusa de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dado que -según la acusación- “ignoraron la aplicación de la normativa vigente” y permitieron “la fumigación con agroquímicos en campos lindantes a la zona urbana”.
El escándalo por el uso de agroquímicos que conmovió a Pergamino
Las numerosas denuncias realizadas por vecinos de Pergamino entre 2015 y 2019, desataron un verdadero escándalo en la localidad.
Además de las acusaciones contra los productores rurales, se sumaron los cuestionamientos a las autoridades municipales por “no controlar las sustancias con las que se fumigaban los campos próximos a la zona urbana, ni la forma en que ello se hacía”, en una manifiesta contradicción con lo establecido por un Decreto Municipal (N°8126/2014), que regula el uso y aplicación de sustancias fitosanitarias.
Las denuncias contra el ingeniero agrónomo Naranjo y el veterinario Tocalini –en sus calidades de auditor y titular de la Dirección de Ambiente Rural- también dan cuenta del aviso realizado por los vecinos y su displicencia para evitar alguna solución. “Se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas” explica el sitio Fiscales.gob.ar.
En base a las pruebas recolectadas, el fiscal Felipe Di Lello entendió que los dos hombres “no cumplieron acabadamente las funciones inherentes a su cargo, esto es, fiscalizar y controlar el correcto cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza municipal N° 8126/14 y la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente conforme las leyes y convenios de su competencia”.
En sus fundamentos, se los acusa de “no controlar las fumigaciones, algunas en la zona del casco urbano de Pergamino, en incumplimiento con el margen de 100 metros de exclusión dispuesto por la normativa municipal vigente”.
“Esta omisión por parte de los funcionarios, permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo -teniendo en cuenta que aquellas aplicaciones se realizaron a escasos metros de la zona urbana, sin receta agronómica, sin número de registro del aplicador, sin tener en cuenta las condiciones climáticas y vertido glifosato combinado con 2-4-D (producto recientemente prohibido por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires)- debía ser objeto de un efectivo control” agrega en sus apreciaciones.
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