En el marco de la investigación por la Mesa Judicial bonaerense, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, resolvió este jueves procesar y embargar al intendente de La Plata, Julio Garro; al ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas; al ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, y al senador provincial Juan Pablo Allan, entre otros partícipes de la reunión de junio de 2017 que quedó grabada en un video y disparó el escándalo.
También fueron procesados y embargados los ex agentes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que concurrieron al encuentro en la sede porteña del Banco Provincia: Darío Alberto Biorci, exjefe de Gabinete de la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri; Juan Sebastián De Stefano, exdirector general de Asuntos Jurídicos; y a Diego Luis Dalmau Pereyra, exdirector operacional de Contrainteligencia .
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Mientras que el magistrado dictó la falta de mérito para el ex ministro de Infraestructura de la Provincia, Roberto Gigante, y para los empresarios platenses presentes en la reunión: Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Federico Moretto, Jorge Oscar del Río, Fabián Rolando Cusini y Bernardo Luis Zaslascky.
Los procesamientos a los entonces funcionarios públicos fueron dictaminados en carácter de “partícipes necesarios” en acciones de inteligencia prohibidas, con penas previstas de 3 a 10 años de prisión, y por el delito de prevaricato, es decir en contra de la Administración Pública. El juez Kreplak resolvió, asimismo, que el proceso sea sin prisión preventiva para todos los imputados.
Respecto de los embargos, trabó una suma de $10.000.000, como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y/o penales, que deberán ser resueltas mediante un juicio oral.
La decisión del Juzgado Federal fue expresada en un fallo de 247 páginas en las que Ernesto Kreplak argumentó las medidas tomadas contra los ex funcionarios bonaerenses, los espías de la AFI y el intendente de La Plata; luego de que el propio magistrado denegara el pedido de traspaso de la causa a los tribunales de Comodoro Py, como habían solicitado las defensas de los imputados.
Esta tarde, poco antes de difundirse el fallo, se conoció también que el juez federal resolovió denegar el pedido de nulidad sobre parte de la prueba que había realizado el abogado del ex subsecretario de Justicia, Grassi. Se trata del video en el que quedó grabada la reunión del 15 de junio de 2017, en la que los ahora imputados pergreñaban el armado de una causa judicial contra el titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo Medina.
Sobre éste, el magistrado sostuvo que no podía prosperar el criterio de “exclusión probatoria” porque “como se encuentra claramente establecido, la finalidad de la grabación de la reunión del 15/6/17 no fue la de fundar una investigación judicial, ni siquiera una exorbitada intención en ese sentido por agentes del orden obrando sin orden judicial”.
La causa por la Mesa Judicial bonaerense: la “Gestapo Antisindical”
La causa que instruye el Juzgado Federal N° 3 de La Plata fue abierta a partir de la denuncia que realizó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el 27 de diciembre del año pasado, cuando adujo que “en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso” en la central de inteligencia, fueron hallados archivos audiovisuales sobre una reunión entre espías, políticos y empresarios en la que dialogaban acerca del armado de causas judiciales.
El primer video que circuló mostró a unas quince personas reunidas en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, en la que destacaba la presencia de dos espías jerárquicos de la AFI, en conjunto con funcionarios del gobierno de Vidal y empresarios constructores platenses. Allí, el ex ministro de Trabajo, Villegas, expresaría su deseo de tener una “Gestapo Anti Sindical”, y explicaría los pasos a seguir para la creación de una causa judicial contra el gremialista “Pata” Medina.
“Necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial (…) Se impulsa con el testimonio de unas diez personas que nosotros ya tenemos y estamos trabajando sobre ellos; las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial, a partir de la cual la fiscal, con todo soporte de la Procuraduría, tiene que instar medidas para generar más volumen. Hemos chequeado con Procuración, con Fiscalía y con el Juez que eso va a funcionar”, manifesta Villegas durante la reunión de 2017.
Al respecto, Ernesto Kreplak señaló hoy en sus considerandos que “se advirtió que durante el desarrollo de la reunión, no sólo se instó a los empresarios presentes a que formularan denuncias, y se los instruyó respecto de cómo y dónde debían hacerlas, con la garantía de haber “chequeado” con funcionarios judiciales que “eso va a funcionar”, como se desprende de las transcripciones que contiene la denuncia inicial, sino que se planteó una estrategia que implicaba un “accionar múltiple” para avanzar hacia el objetivo de involucrar en procesos penales a personas relacionadas con la U.O.C.R.A. Seccional La Plata”.
A continuación, Kreplak describe además las distintas líneas de investigación abordadas en estos cuatro meses, que le llevaron a tomar la resolución de este jueves, tales como comprender cómo se planificó la reunión, cómo fueron puestas las cámaras de seguridad que registraron el suceso; los allanamientos realizados a la Municipalidad de La Plata y al Senado boanerense; el cruce de llamadas telefónicas; los registros de ingreso a Casa Rosada; las indagatorias y, finalmente, la reconstrucción de los hechos.
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