El gobierno de Mauricio Macri decretó hoy el traspaso de siete corredores viales a la órbita de una empresa estatal conformada por el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad.
Fue a partir del dictado de la caducidad de contratos de concesión que se vencieron hace dos años y que fuero prorrogados ilegalmente por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el entonces director de Vialidad, Javier Iguacel, según una denuncia penal que avanza en la Justicia Federal, y que los responsabiliza por un desfalco de 30 mil millones de pesos.
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Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, Macri le otorgó la concesión de la “obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario” de los corredores viales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 a la sociedad CORREDORES VIALES S.A.
La estatización afecta a los pesos pesados de la obra pública. Según consignó Página 12, las empresas que operaron con los contratos vencidos durante dos años son: CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (en la actualidad es Sacde SA); Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.
Son, en total, unos 3.374 kilómetros de rutas que pasan a manos del Estado. Dentro de la provincia de Buenos Aires están los corredores 2, que incluye la Ruta 188, de Pergamino a General Villegas; el corredor 8, que es la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Colón.
Por el manejo de esos corredores, están imputados en la Justicia Federal Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, a partir de una denuncia realizada por el gremio de trabajadores de Vialidad Nacional, que denunciaron que los contratos debieron vencer el 21 de abril de 2016 y tenían un margen de ampliación de 12 meses, con lo cual la caducidad se produciría irrevocablemente el 21 de abril de 2017.
Por ese motivo, relata la denuncia, “el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo”.
En cambio, continúa, “el 21 de abril de 2017, el entonces Administrador General de Vialidad, Javier Iguacel, emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos”.
El problema es que la resolución, siempre según los denunciantes, “fue dictada Ad-referéndum del PEN”, de modo que “no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios”. Las consecuencias fueron un perjuicio para el Tesoro, toda vez que el Estado se privó de obtener una mejor oferta por la compulsa de precios y un beneficio para las empresas, que evitaron competir.
“Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18”, finalizaron desde el gremio.
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