Un caso aberrante sacudió el partido bonaerense de Junín. Es que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), denunció un caso de explotación y trata laboral. En el operativo fueron rescatados cuatro trabajadores que habían llegado desde Santiago del Estero con el objetivo de prestar tareas en la tala de árboles en la exploración forestal.
El caso fue descubierto a raíz de un llamado anónimo al teléfono que el organismo dispone para realizar denuncias. Los trabajadores realizaban extensas jornadas de trabajo de lunes a sábados, con una alta demanda física propia de la actividad de tala y habían sido contratados sin tener un salario preestablecido, quedando sujeto a la cantidad de toneladas de madera cortada por ellos y sin la posibilidad de control de los volúmenes trabajados ya que la comercialización estaba exclusivamente a cargo del empleador.
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A su vez, iban a cobrar su salario al finalizar la campaña, luego de tres meses de labor y sin ningún tipo de transparencia en la relación laboral y en marco de una situación de extrema vulnerabilidad en la que se hallaban inmersos.
Por otra parte, se les descontaba dinero en concepto de alimentos que eran provistos tres veces por semana por el empleador sin que se les permitiese acceder a la compra de los mismos por sus propios medios, mientras que si alguna de las herramientas utilizadas para cumplir su labor sufriera un desperfecto, el costo de arreglo también era descontado de sus salarios.
Con relación a las condiciones habitacionales, se corroboró que los cuatro trabajadores vivían en un micro ómnibus y en una casilla en pésimas condiciones de salud e higiene, no contaban baño, heladera ni cocina y debían higienizarse con baldes en un sector improvisado fuera del micro, compuesto por lonas y sostenido por ramas.
Tampoco contaban con luz eléctrica y se les proveía agua que debían utilizar para beber, cocinar, asearse y limpiar los elementos de cocina.
Cabe señalar que los agentes de la DGRSS acudieron al establecimiento a partir de una denuncia anónima realizada a la línea telefónica con la que cuenta el organismo para denunciar este tipo de casos.
En ese sentido, el Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal cuenta con un el número 0800-999-3368 (opción 3) o bien con el canal alternativo mediante el correo [email protected].
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