La guerra entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y los gobernadores provinciales parece estar terminando. De hecho, se espera que mañana se reúnan para empezar a trabajar en una nueva ley ómnibus y en el Pacto de Mayo. ¿Qué pasó en el medio?
En principio, el libertario parece estar cediendo ante la presión de los reclamos. Al menos eso deja entrever el DNU 231/24 que publicó en el Boletín Oficial de este jueves. La norma, firmada por todo su gabinete, establece una asignación específica de recursos coparticipables para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinada a educación.
En medio del reclamo de los gremiosy de los gobernadores por la falta de recursos y la quita del Fondo de Incentivo Docente, Milei reconoció la necesidad de “aumentar el nivel de inversión del presupuesto” destinado “al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”. “La situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos“, reza el decreto en uno de sus considerandos.
En concreto, este nuevo DNU pone en marcha desde hoy los fondos previstos por las leyes educativas 26.075 y 26.206. El reparto de los recursos será “automático” e irá a los ministerios de educación provinciales, a la Dirección General de Cultura y Educación en el caso de la provincia de Buenos Aires, “para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.
El monto que repartirá la Nación entre las provincias aún es incierto. Según la Ley de Financiamiento Educativo que acaba de activar el presidente, el gobierno central debe repartir una cantidad equivalente al 60 por ciento del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el PBI. Cuando se elaboró el Presupuesto 2023, hacia finales del 2022, se preveía destinar el 5,5% del PBI a educación lo que equivalía a casi 1 billón y medio de pesos ($1.457.250 millones).
