El uso del lenguaje inclusivo en ámbitos públicos generó discusiones en la sociedad y repudio de los sectores más conservadores. De hecho en junio de 2021 se presentó un proyecto para prohibirlo en instituciones públicas; para resguardar a quienes buscan incluir en el lenguaje a todas las identidades posibles, la diputada por el Frente de Todos, Monica Macha, presentó un proyecto que persigue garantizar el derecho al uso del lenguaje inclusivo.
El proyecto, titulado “Ejercicio del derecho a la utilización del lenguaje inclusivo de género”, tiene un alcance nacional, de aprobarse las personas que se desempeñen en ámbitos públicos de todo el territorio podrán decidir hablar y redactar utilizando el lenguaje inclusivo.
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La medida no pretende normativizar el lenguaje ni obligar a las personas a utilizarlo, sino que fundamentalmente evita que la persona pueda ser sancionada. En este sentido, no se podría castigar a ninguna persona por hablar o escribir en lenguaje inclusivo.
El objetivo es que “nadie pueda en una escuela o un trabajo, en un documento o una tesis, en una exposición o en el final de una materia sancionar a otra persona por la utilización del lenguaje inclusivo. Garantiza su utilización. No obliga a que se use, sino que impide que se lo prohíba”, expresó Monica Macha a Sudaka TLGBI.
La iniciativa nació entonces como respuesta a una realidad concreta, ya que ante la brecha legal muchos espacios institucionales como universidades y escuelas, sancionan a estudiantes y docentes que se expresan mediante esta forma lingüística. “Nace de la preocupación que teníamos al ver que en ciertos espacios institucionales se sancionaba a pibes y pibas que utilizaban el lenguaje inclusivo”, agregó Macha.
La discusión sobre el uso del lenguaje tiene algunos años circulando socialmente, pero la intención de legislar para prohibir su uso -en junio de este año las las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi presentaron un proyecto prohibitivo- apuró la decisión de amparar a las personas que lo utilizan cotidianamente en ámbitos estatales.
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