Desde la asunción de Javier Milei, el conflicto entre el Poder Ejecutivo y las universidades ha escalado hasta un punto de no retorno debido al recorte histórico que el oficialismo enmarca en su “batalla cultural”. Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso y la posterior judicialización del reclamo, la tensión cruzó la frontera política hacia los tribunales, consolidando una crisis institucional que ha movilizado masivamente a la sociedad en defensa de la educación superior.
En las vísperas de una nueva marcha universitaria, el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho analiza el conflicto que mantiene en vilo al sistema educativo y lanza una advertencia severa al Poder Ejecutivo.
Para el dirigente estudiantil, la crisis actual no debe confundirse con debilidad institucional, sino con un ahogo económico deliberado. “No le diría de mayor fragilidad. Es el momento de mayor desfinanciamiento de la historia del sistema universitario”, define con contundencia. Sin embargo, destaca un fenómeno inesperado para el Gobierno, la cohesión del sector frente al ajuste. “Yo me inclinaría por decir que es uno de los momentos de mayor fortaleza sobre todo por la unidad entre estudiantes, docentes, no docentes y rectores”, afirma.
Pese a las ratificaciones de la Justicia y el riesgo de desacato institucional, el Ejecutivo mantiene los fondos congelados y apela a dilaciones ante la Corte Suprema, profundizando el deterioro de salarios e investigación en un escenario que ya cruzó los tres poderes del Estado. En este contexto la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocan el próximo 12 de mayo a una nueva movilización.
El derecho al deseo
La preocupación central de la FUA radica en la ruptura del contrato social que permitía a los jóvenes argentinos proyectar un futuro basado en el mérito y la vocación, independientemente de su origen socioeconómico. Consultado sobre los diálogos de pasillo y el clima que viven los estudiantes universitarios, Carvalho sostiene que hay mucha consciencia de la situación de las universidades públicas. En este sentido,
“lo que está en riesgo es que otro no pueda hacer lo que nosotros estamos haciendo; elegir una carrera por nuestra afinidad y deseo y proyectarse con una educación superior de calidad que le va a servir para toda la vida”, explica Joaquin.
Frente a esto, hay mucho debate sobre como puede terminar este conflicto y el futuro de la educación superior en Argentina, hoy atravesada por el reclamo salarial de docentes y no docentes, clases públicas y un sistema científico que resiste a la motosierra.
Ante la pregunta sobre si el sistema se encamina hacia una privatización de hecho o una elitización del alumnado, Carvalho fue contundente, “temo que sí, no me gustaría ver una universidad en donde solo estudien quienes no tienen que trabajar. Ese es el fin último del gobierno, una Universidad chiquita, para pocos, como era antes de la Reforma Universitaria”.
La decisión política de asignación presupuestaria
La falta de interlocutores válidos en el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación ha profundizado la grieta. El sentimiento de la comunidad académica oscila entre la indignación y la tristeza. Por ejemplo, el desfasaje salarial ronda en un 44 por ciento, donde el 60 por ciento del personal universitario esté cobrando al rededor de 300 mil pesos mensuales.
Para la FUA, el obstáculo para una resolución no es solo ideológico, sino también técnico y actitudinal. “No se le puede explicar a alguien que no quiere aprender. El gobierno tiene un doble problema: su mala intención y la ignorancia de los funcionarios. Juntas esas dos cosas y te da un combo explosivo”, sentencia.
Haciendo énfasis en la falta de voluntad del gobierno Nacional para priorizar áreas como universidades, discapacidad o salud mientras las partidas presupuestarias para, por ejemplo, inteligencia denotan que el problema no es una escases de recursos. Siendo que, la actualización del presupuesto en educación significa alrededor del 0,4 por ciento del PBI.
Frente a esta realidad, el referente estudiantil sostiene, “me duele que haya un gobierno que ni siquiera se detenga a dialogar con la comunidad universitaria, me duele pensar un país sin educación, me duele ese país para pocos en contraposición del país para todos que queremos nosotros”.
Consecuencias legales y políticas
La marcha federal universitaria no busca ser solo un reclamo gremial, sino un hito en la defensa de las instituciones. El presidente de la Federación es enfático en que la movilización trasciende los claustros: “Nosotros pretendemos que sea una marcha por la Universidad pero también por la democracia. En eso estamos, queremos que cada argentino se sienta parte, haya ido o no a la universidad. Porque esto es de todos”.
Finalmente, el mensaje para la Casa Rosada es un recordatorio de que el conflicto ya ha salido de la órbita meramente política para entrar en la judicial. “El gobierno tiene que cumplir con la ley, no solo lo decimos nosotros, lo dice el Congreso y la Justicia. Si no lo hace tendrá consecuencias, legales y políticas. Depende de ellos”, concluye.
