Defensores del Pueblo fueron a la Corte por los incendios en el Delta Paraná que afectó a diferentes municipios de Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos y exigieron que se los sume a la causa en la que se investigan las responsabilidades de este hecho. La iniciativa estuvo a cargo del presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; y sus pares de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y de Santa Fe, Raúl Lamberto.
Puntualmente, ADPRA se postuló como amicus curiae ante el máximo tribunal y pidió que se realice una audiencia pública para abordar todas las aristas que conlleva este tema. “Ante la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una vez más desde ADPRA tomamos la iniciativa, porque es necesaria nuestra intervención en defensa de la salud de quienes viven en nuestro país y del ambiente ”, aseguró Amor.
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“El medio ambiente es uno, y todas las Defensorías del país coincidimos en la necesidad de participar. Por el momento nos presentamos sólo estas tres, porque representamos los derechos de las jurisdicciones directamente afectadas. Pero la decisión de intervenir es unánime. Los devastadores incendios en el Delta del Paraná son inaceptables, por eso ponemos a disposición de la justicia todas las herramientas de nuestros organismos de Derechos Humanos para la defensa de nuestra casa común”, concluyó el Presidente de ADPRA.
Por su parte, Lorenzino indicó que “no sólo estamos ante un hecho que afecta a la flora y fauna de esa región, sino que también provoca un daño a la salud pública de miles de personas. Hay un riesgo sanitario que debemos dimensionar y actuar para que no se repita en el futuro”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense.
En la misma línea, Lamberto recordó que en un primer momento “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ante la Corte Suprema ser amicus curiae en este causa y que se convoque a una audiencia pública”, dijo y agregó: “Hoy con satisfacción nos sumamos a este pedido conjunto, frente al daño a la salud de las poblaciones y la afectación manifiesta al ecosistema”.
Entre los argumentos de las Defensorías estuvo la experiencia en materia medioambiental que tienen estos organismos y que puede ser indispensable para ofrecer aportes a la investigación.
Además, la solicitud para la realización de una audiencia pública, donde se garantice la participación ciudadana, apunta a que todos los actores involucrados ofrezcan su punto de vista para enriquecer las medidas adoptadas ante este episodio y establecer una planificación que contribuya a evitar que suceda nuevamente.
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