La resolución fue dictada este martes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, tras hacer lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado dispuso que el Ejecutivo deberá cumplir con la Ley 27.795 y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en vigencia.

La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei, que comenzó luego de la sanción de la norma y se trasladó a los tribunales.

Qué cuestionó la Justicia

El eje de la causa estuvo puesto en el decreto 759/2025, a través del cual el Gobierno había promulgado la ley pero, al mismo tiempo, había condicionado su ejecución a la existencia de determinadas fuentes de financiamiento.

Según el fallo, esa decisión implicó una limitación que no correspondía al Poder Ejecutivo, ya que el Congreso había insistido con la ley luego del veto presidencial.

La resolución también analiza las facultades constitucionales del Congreso en materia de gasto público y presupuesto, así como los límites que tiene el Ejecutivo frente a una ley sancionada por el Poder Legislativo.

El juez sostuvo que el decreto cuestionado terminó produciendo, en sus efectos, una suerte de nuevo veto sobre una norma que ya había sido ratificada por el Congreso.

Salarios y becas universitarias, en el centro del conflicto

La Ley de Financiamiento Universitario contempla, entre otros puntos, la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

En particular, la normativa establece mecanismos para que las actualizaciones salariales tengan como referencia la evolución de la inflación y dispone la recomposición de programas de becas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería.

La disputa por la aplicación de estos artículos ya había generado medidas cautelares durante 2025 y 2026. En septiembre, el mismo juzgado había intimado al Gobierno a avanzar con el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con salarios y becas.

El antecedente de la Corte Suprema

El conflicto judicial se inició a fines de 2025, cuando el CIN y distintas universidades nacionales recurrieron a la Justicia para reclamar por la aplicación de la ley.

Una primera medida cautelar fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Posteriormente, en junio de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por el Gobierno, por considerar que no existía en ese momento una sentencia definitiva.

Con el nuevo fallo de Cormick, la discusión pasó ahora a la cuestión de fondo: la validez constitucional del decreto que había impedido la aplicación plena de la ley.

Un acuerdo que no logró cerrar la disputa

En paralelo al proceso judicial, el Gobierno había alcanzado en junio un acuerdo con el CIN y los gremios universitarios.

El entendimiento contemplaba un aumento del 24,33% en la masa salarial, una mejora del 20% en los gastos de funcionamiento, fondos adicionales por $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, las universidades sostuvieron que ese acuerdo no implicaba el cumplimiento integral de las obligaciones previstas por la ley.

Por ese motivo, el conflicto judicial continuó y el Ejecutivo no logró que se levantara la medida cautelar.

Qué viene ahora

El fallo ordena al Gobierno nacional cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con las medidas necesarias para su implementación.

La sentencia puede ser apelada ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, por lo que el conflicto todavía podría continuar en instancias superiores.

Mientras tanto, la resolución vuelve a colocar en el centro de la escena la disputa por el financiamiento de las universidades públicas, los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo frente a una ley sancionada por el Congreso.