María Eugenia Vidal transita su última semana en el poder con la soga al cuello. Dentro de cuatro días vence un bono de 4.200 millones de pesos que está en manos del Banco Provincia y que, asegura, no puede pagar. A riesgo de dejar la Provincia en default, presiona al directorio y enfrenta una rebelión de su propia tropa.
Son, en total, 4.259.606 pesos, más cerca de mil millones en intereses, que el Tesoro tiene que entregarle al Banco Provincia antes de viernes, a riesgo de ser declarado en cesación de pagos. El problema es que cada una de las alternativas que presentó hasta el momento encontró graves objeciones legales porque importa una pérdida patrimonial para el banco, que el directorio, por ley, no puede avalar.
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Primero, hace dos meses, intentó acudir al artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Provincia para que otorgue un préstamo equivalente a la deuda contraída. Pero el nivel de exposición del Banco al sector público, por un plan de reencuadramiento ante el Banco Central, cortó de plano esa posibilidad.
Entonces Vidal y Bonari pensaron en pedir el préstamo a Nación, y que el BAPRO entregara un “repo” a cambio, pero tampoco funcionó. El plan C fue conocido: el ministro de Economía, Damián Bonari, propuso el canje del bono por un nuevo, con un año más de plazo, que significaba una pérdida patrimonial de 2.500 millones de pesos. Como narró INFOCIELO, los dictámenes negativos de las subgerencias de Finanzas y de Legales impidieron que prosperara.
El último plan de Vidal tiene doble efecto. Consiste en abonar mil millones de pesos en intereses, pagarle a los tenedores privados y reperfilar la deuda en manos del banco a seis meses. Si lo consiguiera, el Provincia perdería exactamente 957 millones de pesos, y si el directorio lo avalara, sus miembros terminarían tras las rejas.
Entre la espada y la pared, ni siquiera los directores que responden al oficialismo se animan a cumplir con el plan. El viernes no hubo quórum para tratar el plan: extraño, porque Cambiemos tiene mayoría. Según reconstruyó INFOCIELO, ni el vicepresidente, Carlos Pérez, que fue nombrado en representación del exministro Hernán Lacunza, ni el radical Diego Rodrigo, ocuparon sus sillas. La posibilidad de afrontar consecuencias penales por avalar la propuesta del Gobierno es un disuasivo potente.
Pero además saben que la Provincia está “dulce”. El ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, dictó ese mismo día una resolución que excluye a la Provincia del “reperfilamiento” de los títulos de deuda a corto plazo que tenía en su poder, y que significan el “descongelamiento” de unos 13 mil millones de pesos.
Es decir que el Gobierno tiene liquidez para afrontar el vencimiento del bono, pero también tiene otras urgencias y hasta un “chivo expiatorio” por si todos los planes económicos fracasan. Quienes siguen de cerca los movimientos de Vidal, Bonari y Curutchet creen que volverán a insistir mañana mismo para que el directorio apruebe el reperfilamiento.
Entienden que lo que busca Vidal es que la oposición pague el “costo político” del inminente default. Mañana, en Vicente López, reunirá a toda la tribuna mediática del país para “rendir cuentas” sobre el estado en el que deja la Provincia y así desactivar el diagnóstico de “tierra arrasada” que patentó Axel Kicillof. La mesa está servida.
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