El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encontró en Andrés Rodríguez, titular de UPCN, al socio ideal para un experimento póstumo: el “macrismo sin macri”, que consiste en un ejército de funcionarios de “planta política” que adquirirán los mismos derechos de los agentes de planta permanente y que podrían quedar “enquistados” en la administración.
Para hacerlo recurrió a un decreto, en el que comparten firmas el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica. Bajo el pomposo título de “Régimen de Alta Dirección Pública”, Macri quiere darle estabilidad a directores generales -nacionales o equivalentes- y coordinadores, que tradicionalmente se encuadran entre los jerárquicos o “planta política”.
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Estos beneficios alcanzarían a unos 2.500 agentes, que tendrán una escala salarial diferenciada, superior al escalafón vigente al sistema tradicional de empleo público e incluso indemnización en el caso de despido. Como era de esperarse, ATE le declaró la guerra a la medida.
El Gobierno lo explicó de una manera curiosa: dijo que busca promover un sistema de concursos más transparente y que se apunta a generar “servidores públicos idoneos y capacitados”.
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE y Adjunto de la CTA Autónoma, dijo que la medida es “una corruptela mayor de un gobierno que se quiere perpetuar en los cargos”, y apuntó a su carácter “ilegal” porque “la norma establece que se requiere unanimidad para poder concretar un acuerdo paritario de esta naturaleza”. El Gobierno, en cambio, lo hizo sólo “con un acuerdo parcial con su sindicato amigo, UPCN”.
“Es crear una paritaria exclusiva para 2500 funcionarios jerárquicos y a partir del 1 de enero elevar su sueldo entre 50 y 80 mil pesos”, precisó. Además, el régimen les garantiza “continuidad laboral por los próximos 5 años, con un esquema de concursos ligth”, por lo que, cuestionó, “es un country en la administración pública”.
El decreto contempla a al administración central pero establece que, “en 60 días, se debería extender a todos los organismos descentralizados”. Por ello, señaló, “es una estafa a todo el Estado Nacional. Exigimos que se respete el acuerdo paritario de toda la administración central”.
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