Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una serie de recomendaciones para el gobierno nacional de Javier Milei. Básicamente, el organismo propuso una reforma tributaria que incluye ampliar el alcance del Impuesto a las Ganancias y meter cambios en el régimen del monotributo, entre otras cosas. La CAME puso el grito en el cielo.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa criticó la propuesta del FMI porque “recae sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico”. “Son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal“, sostuvieron.
Para la CAME, el FMI “ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional que es donde reside el nudo fiscal más dañino”. Más precisamente, se refirieron al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a las tasas retributivas de servicios municipales. En este escenario pidieron “la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, y las provincias y, a su vez entre los gobiernos provinciales y los municipios, que tenga como eje central la reforma estructural del sistema tributario subnacional”.
Este nuevo consenso fiscal que mencionaron consistiría en “el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional”.
El nuevo consenso fiscal, según la CAME
Más precisamente, la cámara que nuclea a pymes de todo el país pide eliminar Ingresos Brutos de las etapas intermedias de producción para que su aplicación quede reservada a la etapa de venta final al consumidor, como el IVA. Esto “eliminaría el efecto cascada y haría innecesarios gran parte de los regímenes de retención actuales”, consideraron.
Bajo este nuevo régimen, la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debería ser el organismo ejecutor del consenso fiscal. Esto implica homologar los padrones de agentes de retención y percepción, validar los coeficientes de distribución por actividad y fiscalizar el cumplimiento de los plazos de devolución por parte de las jurisdicciones.
