Aunque las cifras oficiales muestran una fuerte reducción de la pobreza en Argentina, un reciente estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata puso en duda la magnitud real de esa mejora. El trabajo advierte que parte de la caída registrada en los indicadores podría explicarse por cuestiones metodológicas vinculadas a la forma en que se mide la pobreza, más que por una transformación sustancial de las condiciones de vida de la población.
La discusión adquiere especial relevancia luego de que distintos informes, entre ellos uno reciente de UNICEF, registraran un descenso de la pobreza infantil respecto del pico alcanzado en 2024. Sin embargo, el nuevo análisis del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, plantea que esos avances podrían estar sobreestimados por aspectos técnicos del propio sistema de medición.
Los límites del método
Según los datos publicados por el INDEC, la pobreza pasó de niveles superiores al 50% durante el primer semestre de 2024 a ubicarse cerca del 30% en el primer semestre de 2025. No obstante, los investigadores Iván Albina, Leonardo Gasparini y Leopoldo Tornarolli sostienen que la velocidad y magnitud de esas oscilaciones resultan difíciles de explicar únicamente a partir de cambios reales en la economía.
El punto de partida del estudio es precisamente esa aparente contradicción. Entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, la pobreza primero aumentó con fuerza y luego descendió abruptamente. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la reducción superó los 10 puntos porcentuales. Sin embargo, durante ese período no se registraron mejoras equivalentes en variables como el empleo, los salarios o el gasto social que permitieran justificar una recuperación tan acelerada.
A partir de esa observación, el trabajo se pregunta cuánto de la variación observada puede atribuirse a cambios genuinos y cuánto a la metodología utilizada para construir el indicador. Los investigadores aclaran que no cuestionan la validez de los datos del INDEC, sino que analizan los límites y posibles sesgos del método de medición en un contexto de inflación elevada y cambiante.
El informe identifica tres dimensiones que pueden alterar significativamente el resultado. La primera es el desfase temporal entre los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los precios utilizados para calcular la canasta básica. En la práctica, los ingresos declarados suelen corresponder al mes anterior, mientras que la línea de pobreza se construye con precios actuales.
En períodos de alta inflación, este desajuste provoca que los ingresos aparezcan más rezagados frente al aumento del costo de vida, generando una sobreestimación de la pobreza. Cuando la inflación se desacelera, el efecto se atenúa y la pobreza parece descender con mayor intensidad. Según el estudio, al corregir únicamente este factor, la caída observada entre 2023 y 2025 deja de ser superior a 10 puntos y pasa a ubicarse en poco más de siete puntos y medio.
El segundo aspecto analizado es el denominado “subreporte” de ingresos. Muchas personas no declaran la totalidad de sus recursos en las encuestas, ya sea por desconfianza o por dificultades para estimarlos con precisión. El trabajo sostiene que este fenómeno tampoco es estable en el tiempo: habría sido más pronunciado durante los períodos de mayor inflación y menor cuando la dinámica de precios comenzó a desacelerarse.
Este comportamiento tiene consecuencias directas sobre las estadísticas. Si los hogares mejoran la declaración de sus ingresos, los indicadores muestran una reducción de la pobreza aun cuando las condiciones materiales no hayan experimentado cambios equivalentes. Al corregir este efecto, la disminución de la pobreza entre 2023 y 2025 se reduce a poco más de seis puntos porcentuales.
La tercera cuestión abordada por el CEDLAS remite a la propia definición de la línea de pobreza. La canasta básica utilizada como referencia continúa basada en patrones de consumo elaborados hace casi dos décadas. Desde entonces, la estructura de gastos de los hogares se modificó considerablemente y servicios como el transporte, las tarifas o los alquileres adquirieron un peso mucho mayor dentro del presupuesto familiar.
Actualizar esos patrones implica recalcular el valor de la canasta incorporando hábitos de consumo más recientes y considerando las transformaciones en los precios relativos. Esa modificación también altera la evolución de la pobreza medida por ingresos.
El resultado más contundente aparece cuando se combinan las tres correcciones. Mientras los datos oficiales reflejan una baja superior a los 10 puntos porcentuales, el estudio estima que la reducción efectiva habría sido de apenas 1,7 puntos durante el período analizado.
En otras palabras, los investigadores concluyen que una parte importante de la mejora exhibida por las estadísticas podría estar asociada a la forma en que se construye el indicador y no necesariamente a una mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población.
El límite de las estadísticas
El debate, sin embargo, trasciende las cuestiones estrictamente técnicas. La doctora María Eugenia Rausky, docente de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, remarcó que la producción de información estadística involucra definiciones y decisiones que nunca son completamente neutrales.
“La información se construye, no se trata de ‘datos puros objetivos’; la medición de la pobreza depende de definiciones y decisiones que tienen un indudable trasfondo político, en un sentido amplio”, sostuvo la especialista. En ese sentido, señaló que una vez resueltas esas definiciones, la discusión pasa a ser eminentemente metodológica, justamente el terreno sobre el que interviene el trabajo del CEDLAS.
Rausky también advirtió sobre las limitaciones de reducir la pobreza exclusivamente a la insuficiencia de ingresos. Desde hace décadas, especialistas en la temática vienen sosteniendo que el fenómeno debe abordarse desde una perspectiva multidimensional que contemple otras privaciones vinculadas a la vivienda, la alimentación, los cuidados, el acceso a servicios básicos y la protección social.
Para la investigadora, además de medir es necesario comprender cómo viven y experimentan la pobreza quienes la atraviesan. Los estudios cualitativos permiten recuperar dimensiones que las estadísticas suelen dejar fuera de escena y ayudan a cuestionar interpretaciones que atribuyen la pobreza únicamente a decisiones o responsabilidades individuales.
En ese marco, el equipo del Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-CONICET) desarrolla desde hace años investigaciones en barrios periféricos del Gran La Plata para analizar las estrategias que despliegan los hogares frente a la precariedad cotidiana, desde la generación de ingresos hasta las prácticas alimentarias y de cuidado.
Las conclusiones del estudio vuelven a poner sobre la mesa una discusión central para la Argentina: cómo medir la pobreza de manera más precisa para comprender la realidad social, evaluar políticas públicas y diseñar respuestas eficaces frente a una problemática que, más allá de las estadísticas, continúa afectando a millones de personas.
