La industria alimenticia volvió a quedar en el centro de la escena en una semana donde las malas noticias se acumulan: mientras se conocía el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar y nuevas alertas en el sector pyme, otra empresa emblemática encendió señales de alarma. Georgalos, la histórica fabricante del Mantecol, avanza con un esquema de suspensiones que ya generó un fuerte conflicto interno y un abierto enfrentamiento entre los trabajadores y la conducción del gremio.
Aunque la compañía sostiene que enfrenta una merma de ventas y un escenario adverso agravado por la importación de alimentos provenientes de Brasil, dentro de la fábrica crece la desconfianza. Delegados y miembros de la Comisión Interna aseguran que la empresa no atraviesa una crisis real y señalan que el expediente presentado ante el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) “no se condice” con el nivel de inversiones que la propia firma anunció este año.
El clima se tensó aún más después de un conflicto previo: según los trabajadores, a mitad de año la empresa aplicó un plan de flexibilización que derivó en un paro y en el despido de cinco activistas sindicales, quienes todavía litigan su reincorporación en la Justicia. En ese contexto, la puesta en marcha de un esquema de suspensiones masivas fue interpretada como un nuevo golpe al plantel de operarios.
Las medidas, acordadas entre la patronal y la conducción del STIA pero rechazadas por la Comisión Interna, contemplan tandas de 15 días por trabajador, con una reducción salarial que ronda el 25% y aplicadas bajo el artículo 223 bis del Convenio Colectivo, el mismo que se utiliza en casos de “fuerza mayor”. Desde el sector sindical disidente señalan que el acta fue firmada únicamente por dirigentes del gremio, que no fue avalada en asamblea y que incluso comenzó a aplicarse antes de que el Ministerio de Trabajo la homologara.
El caso de Georgalos se suma a un cuadro más amplio que atraviesa a toda la industria nacional. De acuerdo a informes recientes elaborados a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en los últimos meses se destruyeron más de 55 mil puestos de trabajo industriales. Entre cierres definitivos, cesantías y esquemas de suspensión que se multiplican semana a semana, el sector se mueve sobre un terreno cada vez más inestable.
En medio de ese panorama, la puja interna dentro de la planta de Victoria abre un nuevo capítulo. Para los trabajadores, la empresa busca avanzar en un proceso de ajuste encubierto en un momento crítico para la industria nacional; para la compañía, se trata de una respuesta inevitable ante un mercado que se achica y una competencia importada que crece. Mientras tanto, los operarios ya atraviesan el impacto directo de un esquema de suspensiones que amenaza con prolongarse en los próximos meses.
