Que el gobierno de la transparencia y la lucha contra la corrupción le prenda velas al vocal del Tribunal de Cuentas que designó en el marco de acuerdos políticos –a cambio de votos legislativos- con una parte de la oposición, es síntoma de una enfermedad preocupante que se expande en la administración de María Eugenia Vidal.
La reflexión no se gesta en el vacío. Por el contrario, tiene un anclaje específico, en tiempo y espacio. En cuestión de días se deberán empezar a escrutar las cuentas de todos los niveles del Estado provincial de 2018: la administración central, los organismos descentralizados y los municipios.
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Tamaña misión está a cargo del Tribunal de Cuentas, un organismo de la constitución que Cambiemos tomó por asalto desde el día 1 de gestión: primero lo deslegitimó, después lo desmembró y finalmente lo copó con vocales y funcionarios afines. En llano: rodeó al personal de carrera, incluido su titular, de cuadros propios. Una osadía en términos del control que se asemeja mucho a las críticas que el oficialismo salía regar sobre la gestión kirchnerista. El diagrama es un calco, readaptado. Lo controlan los propios, aunque permanece su histórico titular.
El caso del Tribunal de Cuentas guarda enormes similitudes con el del OCEBA, que es el Organismo de Control de la Energía Eléctrica bonaerense. ¿Por qué? Sencillo: dejó de lado las aspiraciones en pos de sostenerse como un ente eminentemente técnico que colabore con la gestión para convertirse en una caja política.
En el OCEBA, directores de carrera, con amplio conocimiento respecto de la legislación en materia energética, fueron reemplazados por dirigentes políticos, como “pago” por acuerdos con distintos sectores de la oposición. Es un organismo clave para la Provincia: en su jurisdicción descansa el control sobre el grupo que monopolizó el servicio de distribución de energía cubriendo el 68% de los usuarios bonaerenses.
El Tribunal de Cuentas resistió un poco pero finalmente tuvo el mismo destino. Sólo el presidente, Eduardo Grinberg, sobrevive desde los días de Daniel Scioli. Los cuatro vocales fueron reemplazados y Cambiemos se quedó con la mejor parte del botín. De manera insólita, especialmente para una administración que se embanderó en la lucha contra la corrupción, puso a dos vocales muy afines a auditar las cuentas de la administración central y de los organismos descentralizados.
Ni bien desembarcaron, detectaron que el botín era escaso, por eso coludieron para asaltar las secretarías que detentaba Grimberg. En pocos días se hará oficial el desembarco de Felipe González Bartalay, María Florencia Vezzetti y Hernán González en tres cargos que le fueron arrebatados a Grinberg: la secretaria legal y técnica, la de actuaciones y procedimientos, y la de modernización.
Cada uno de esos secretarios tiene caja propia -25 mil módulos que cotizan a 33 pesos cada uno-, y la posibilidad de incorporar hasta cuatro asesores, para hacer el mismo trabajo que el staff de carrera llevó a cabo sin objeciones durante los últimos treinta años. En apenas tres años y medio, Cambiemos puso en jaque el prestigio y la carrera dentro del HTC.
Las consecuencias de esta política empiezan a tener impacto en el funcionamiento del Tribunal. Por estos días se espera que llegue a tiempo la rendición de la Administración Central del año 2018, pero la mano viene mal barajada. De hecho, el Gobierno pidió una prórroga de 3 meses para presentar los datos, y se excusó en las demoras que causó la implementación del SIGAF, el sistema de gestión informático que importó Vidal desde la Ciudad Autónoma, que se convirtió en el chivo expiatorio por excelencia del Gobierno.
Los datos de 2018 son clave: ese año se paralizó IOMA, faltaron insumos en los hospitales y cada movimiento contable del Gobierno fue un verdadero dolor de cabeza. En el Gobierno bonaerense le prenden velas al vocal que les toca. Es el contador Gustavo Diez, socio honorario del Estudio Diez, una firma de las más prestigiosas del rubro.
Diez asesora en temas impositivos a la gobernadora María Eugenia Vidal y al Jefe de Gabinete, Federico Salvai. Es de conocimiento público que un contador debe ser de extrema confianza, especialmente para las personas públicas. Por eso, dicen en el Tribunal, las cuentas de la administración de Vidal quedaron en las mejores manos. EM
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