En tiempos de reformismos permanentes, como a muchos del gabinete de Mauricio Macri les gusta decir, hay ganadores y perdedores. Es que las cuentas nacionales son un delgado hilo que debe saber ser cortado y parece que los últimos cambios aprobados en escandalosas sesiones del Congreso Nacional han derivado en un superávit en las cuentas de la ANSES, pero también ese superávit produjo un déficit de añrededor de 140 mil millones de pesos en el Tesoro Nacional.
La cifra que el Tesoro perderá durante este 2018, según afirma un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), representa un 5 por ciento (más de 2,5 millones de pesos) del gasto primario que justamente en el día de hoy fue aplaudido por propios y extraños cuando el ministro de hacienda, Nicolas Dujovne, anunció que por primera vez en 13 años el mismo había sido reducido en 3,9 porcentual. Con las reformas, evidentemente, en este 2018 no podrá decirse lo mismo.
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Cabe destacar, como dato positivo que la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha sido altamente beneficiada ya que mostrarán “un leve saldo positivo en torno en torno a 6 mil millones de pesos”. A su vez, según reza el informe “si se toma en cuenta la reducción de las jubilaciones consideradas de privilegio (que aparece en el Pacto Fiscal, aunque no trascendió más allá de declaraciones), el saldo del organismo aumentaría a 18 mil millones de pesos en 2018”.
Si bien políticamente la decisión es acertada ya que es importante para la sociedad tener una caja previsional fuerte que pueda afrontar a las futuras jubilaciones, es un tanto apresurado avizorar el éxito de la medida si se piensa que finalmente los fondos de la ANSES terminan haciendo de auxilio al Tesoro Nacional.
“En efecto, para atender los desequilibrios de las cuentas públicas, el cierre de 2017 implicó la transferencia de poco más de $100 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES hacia el Tesoro”, explica el estudio del CEPA.
Ante esto el panorama no se ve tan positivo y menos si se tiene en cuenta que la “reducción progresiva de los montos retenidos por ANSES desde 1992 a las cajas provinciales (devolución pactada entre Rogelio Frigerio y gobernadores), junto con la también progresiva reducción de las contribuciones patronales (que se multiplicarán por cinco más inflación hasta 2022) provocarán indefectiblemente el desfinanciamiento del organismo desde 2019”.
En este sentido, la quita por contribuciones patronales comienza siendo de $30 mil millones en 2018, mientras que en 2019 se acrecienta a 71 mil millones de pesos, a 2010 llega a 115 mil millones de pesos, en 2021, 163 mil millones de pesos y en 2022 llega a 217 mil millones de pesos. La quita significará, en 2022, una pérdida del 34,4 por cientode la recaudación por contribuciones patronales al sistema jubilatorio.
Por otro lado, el informe esgrime que la decisión de compensar al ANSES con el dinero del Impuesto a los Débitos y Créditos (impuesto al cheque) y la prórroga del impuesto por dos años va a contramano de las recurrentes menciones del Gobierno respecto de eliminar el gravamen.
De esta forma, el cambio jubilatorio es evidente que fue tomado para apuntar hacia la compensación de las alicaídas arcas de la ANSES (a partir de la decisión de la Corte de terminar con la detracción del 15 por ciento de la coparticipación) y así impedir que los gobernadores reclamen la coparticipación de tal recaudación como compensación a la merma de ingresos locales.
Según el CEPA se destaca que de la reforma tributaria la única beneficiada es Buenos Aires, como resultado de la transferencia por el Fondo del Conurbano en torno a 21 mil millones de pesos para 2018 y otros 44 mil millones de pesos en 2019.
Con respecto a los Jubilados y beneficiarios Asignación Universal por Hijo (AUH) se puede decir que “en términos del impactos de la reforma previsional se perderán más de 60 mil millones de pesos a 2018, incluso considerando el bono adicional y el 82% móvil”.
En ese contexto, cabe mencionar que el Gobierno había mostrado voluntad de poner un coto máximo a las jubilaciones de determinados regímenes especiales. “En términos fiscales, eso podría alcanzar los 12.000 millones de pesos de ahorro, siempre y cuando se aplique a las jubilaciones ya existentes, lo cual es difícil de imaginar. Además de ello, no se ha presentado aún ninguna propuesta al respecto, planteándose incluso en los debates públicos exclusivamente la cuestión de elevar la edad jubilatoria”.
Para finalizar, es importante decir que el Sector público resignará recaudación a través de una menor presión fiscal que llevará a una disminución de “31 mil millones de pesos de la recaudación a 2018”. Esta cifra se alinea con lo previsto en las metas del oficialismo: una reducción de la presión fiscal de 1,5 por ciento del PBI al cabo de cinco años.
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