Murió Jorge Antonio Bergés, médico de la Policía Bonaerense y uno de los nombres más ligado al engranaje represivo del terrorismo de Estado en el país, desde la provincia de Buenos Aires.
Fue condenado en distintos juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellos torturas y apropiación de bebés nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar.
Bergés integró el aparato que comandó Ramón Camps y actuó en centros clandestinos del denominado Circuito Camps, como el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes.
Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones impulsadas por organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, la APDH y la Comisión Provincial por la Memoria lo señalaron como una pieza activa en la estructura represiva.
Médico al servicio de la represión
Lejos de desempeñar un rol sanitario neutral, sobrevivientes declararon que Bergés controlaba el estado físico de las personas secuestradas mientras eran sometidas a tormentos.
Su intervención médica no buscaba aliviar el sufrimiento sino garantizar que las sesiones de picana y tortura pudieran continuar sin provocar la muerte inmediata de las víctimas.
En los juicios reabiertos tras la nulidad de las leyes de impunidad del gobierno menemista, se probó su participación en privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. La Justicia lo condenó en el marco de las causas por el Circuito Camps y otras investigaciones vinculadas a centros clandestinos bonaerenses.
Partos clandestinos y robo de bebés
Uno de los capítulos más aberrantes que lo tuvo como protagonista fue el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Pozo de Banfield.
Mujeres embarazadas, secuestradas y desaparecidas, eran obligadas a parir en condiciones inhumanas. Bergés asistía esos nacimientos y luego intervenía en la confección de partidas falsas que consolidaban la sustracción y supresión de identidad de los recién nacidos.
La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo permitió demostrar su responsabilidad en casos emblemáticos de apropiación. Las sentencias judiciales establecieron que no fueron hechos aislados sino “un plan sistemático destinado a borrar identidades y quebrar lazos familiares”.
El testimonio de Adriana Calvo fue clave. En sede judicial relató que dio a luz durante un traslado y que, al llegar al centro clandestino, fue maltratada. Identificó a Bergés como el médico que la atendió tras el parto y describió las condiciones de humillación sufridas.
Su declaración se transformó en una prueba fundamental para reconstruir el funcionamiento de esa maternidad clandestina.
Condenas y pacto de silencio
Bergés recibió condenas que incluyeron prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Organismos como HIJOS y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos repudiaron los beneficios de prisión domiciliaria que le fueron concedidos en sus últimos años.
Murió sin aportar información sobre el destino de los hijos e hijas apropiados que aún no recuperaron su identidad ni sobre el paradero de muchas personas desaparecidas. Para los organismos de derechos humanos, ese silencio constituye una prolongación del daño.
La consigna Memoria, Verdad y Justicia sintetiza una demanda vigente, la de conocer dónde están los cuerpos de los desaparecidos y dónde están los nietos que faltan.
Como sostienen históricamente las organizaciones, “la memoria completa es saber dónde están”. La muerte de Bergés clausura su responsabilidad biológica, pero no la búsqueda colectiva que continúa.
