El represor Luis Horacio Castillo, condenado por crímenes cometidos durante la última dictadura, ya no podrá realizar tareas educativas, así lo aseguró la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia (DGCyE).
Desde la cartera dirigida por Alberto Sileoni informaron que se tomaron “las medidas legales y administrativas necesarias para impedir” que Luis Horacio Castillo, dueño de una escuela de Wilde, “pueda desempeñar tareas en una institución educativa”.
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En el mes de marzo Castillo fue encontrado culpable de los delitos de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños cometidos en los centros clandestinos de detención de Banfield y Lanús.
Castillo fue parte de la Policía bonaerense hasta el año 1986 en el que se retiró con el rango de comisario. Ahora, tras el fallo que lo condenó, se encuentra cumpliendo la pena de prisión domiciliaria.
En el año 1979, junto a su esposa fundaron el Colegio San Diego de Wilde, que cuenta con los niveles inicial, primario y secundario, informó Página 12. En ese marco, al conocer la situación, desde la cartera de educación de la provincia manifestaron su “más profundo repudio y preocupación” .
Además señalaron que la “ley de Educación Nacional en su artículo 92 prescribe que la educación tiene la tarea de construir la ‘memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado'”.
Por último aseguraron que continúan trabajando para “construir una educación fundada en los valores del respeto a la diversidad y la pluralidad, por la defensa de la democracia y por la Memoria, la Verdad y la Justicia”
El accionar de Castillo en la última dictadura
Entre el 10 de agosto de 1976 y el 7 de marzo de 1977 Castillo actuó como oficial inspector de la Policía bonaerense hasta que fue ascendido a oficial principal de seguridad de la División Delitos contra la propiedad de la Bonaerense que funcionaba Banfield. Esa dependencia pasó a ser sede de la Brigada de Investigaciones conducida por Ramón Camps y funcionó como centro clandestino de detención.
En marzo de 1977 fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de Lanús que funcionaba en Avellaneda y fue conocido como “El Infierno”, donde fue visto e identificado por los testigos sobrevivientes de dicho centro, Mercedes Alvariño Blanco y Héctor Oscar Callejas.
Callejas lo identificó como la persona que estaba a cargo, mientras que Alvariño Blanco lo acusó de ser quien la obligó bajo amenaza de muerte a firmar una declaración falsa sobre su detención.
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