Tras la presentación formal, a cargo del propio Javier Milei, el Gobierno Nacional comenzó a defender el proyecto de presupuesto 2025. Ayer fueron a la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dos funcionarios del Ministerio de Economía. Entre el déficit cero, los pronósticos flojos de papeles y el ajuste.
En términos generales, el gasto total de la administración pública nacional previsto para el año que viene sería 4,3 por ciento mayor que 2024, pero un 24 por ciento menor en comparación con 2023. Sin embargo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que “los recortes podrían ser aún más profundos”.
El pronóstico de esta entidad, que acaba de publicar un estudio sobre el proyecto, lo argumentó el propio secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, durante su exposición en Diputados. “Proyectamos un aumento de la economía del 5 por ciento, una inflación promedio del 18,3 por ciento, y un dólar promedio de 1207 pesos“, afirmó.
Esto significa que si la divisa norteamericana o el IPC suben por encima de esos valores el gasto que no se actualice se licuará más. Y todo indica que así será: según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, la inflación de 2025 será del 38 por ciento.
Los gastos que se ajustan
En su estudio, la ACIJ sostuvo que el año que viene sería “el de menor gasto en servicios sociales desde 2010, sin contar 2024”. Esto se debe a una caída del 17 por ciento en comparación con el presupuesto de 2023. Más precisamente: el gasto en agua potable y alcantarillado bajaría un 57 por ciento, en vivienda y urbanismo un 47 por ciento y en educación y cultura un 40 por ciento, por poner algunos ejemplos.
El segundo concepto que mayor ahorró generará en 2025, si es que el presupuesto 2025 se aprueba sin modificaciones, es el de servicios económicos. Esto se explica, principalmente, por la reducción de subsidios a las tarifas de los servicios públicos.
La casta está intacta
Este ahorro de gastos, que impacta sobre la población más pobre, tiene una contracara: los privilegios fiscales. Se trata del llamado gasto tributario, es decir, esa plata que el Estado deja de recaudar por ofrecer facilidades impositivas como alícuotas reducidas o regímenes de promocion (como el RIGI).
El proyecto de presupuesto 2025 sostiene los privilegios fiscales de hoy en día “e incluso aumentan”, aseguró la ACIJ en su informe. Según sus estimaciones, “el Estado dejará de percibir impuestos equivalentes al 3,58 por ciento del PBI (27.025.062,8 millones de pesos), superando lo proyectado para 2024″.
Estos beneficios son para sectores de altos ingresos, como las grandes empresas tecnológicas, a la vez que agravan la regresividad fiscal. A esto, la ACIJ le sumó que ninguno de los gastos tributarios “son sometidos a evaluaciones que prueben que son eficientes, que están justificados y que son la mejor alternativa de política pública”.
