Mientras el Ejecutivo de Bahía Blanca trabaja en el armado de pliegos para convocar a una licitación de la que no será parte la actual prestataria, Bahía Ambiental Sapem, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la oposición asegura que no existen motivos para ese cambio y sospecha de algún direccionamiento. Mientras tanto, aguarda que el proyecto llegue al Concejo.
Según argumentó el intendente Héctor Gay, se fundamenta la decisión en las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre la figura legal de la actual empresa.
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“Hay cuestiones de rendición de cuentas, de régimen de controles y monitoreo, que se eluden por la propia constitución de la Sapem. Es una prestación que insume una importante erogación de dinero, y no lo ven con buenos ojos”, explicó a la prensa local.
Matías Insausti, subsecretario de Gestión Ambiental, agregó además que buscan una mayor eficiencia en el servicio, ya que la ciudad va camino a la separación en origen y es necesario modernizar también el tratamiento de esos residuos.
El deseo de la gestión es alcanzar un sistema más sustentable, tanto en lo económico como en lo ambiental, y que tenga un enfoque en la concientización. Por eso, a partir de mayo del 2021 ya con la nueva firma a cargo, la recolección bajaría, en la mayoría de los barrios, a 3 veces por semana, y además se deberá establecer 1 para los residuos secos separados en origen.
También dependerán de la nueva compañía los basurales a cielo abierto, en un intento de aliviar el trabajo de las delegaciones municipales.
Desde la oposición, el Frente de Todos advierte que no existen tales observaciones del Tribunal de Cuentas, requieren de documentación que lo acredite y presumen que la futuro prestador puede estar decidido de antemano.
“Van a tener que buscar otra explicación, hasta el momento no pudieron presentar nada. Ni demostrar que el servicio, en manos de un privado, va a ser más barato”, reaccionó el concejal Carlos Quiroga.
El edil subrayó además que desde el Ejecutivo justifican su decisión señalando que Sapem no limpia basurales a cielo abierto ni recoge ramas de poda, pero en su propia web está indicada esa función.
En esa misma línea, su compañero de bancada, Walter Larrea, consideró que no existe “ningún fundamento, ni del orden económico, ni jurídico, ni de conveniencia, para privatizar, a menos que quieran responder a algún interés empresarial”.
“Tampoco existe ningún dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia que desaliente el tipo de sociedad público-privado, que además es una figura jurídica contemplada en la ley 19.550. Hasta hay alguna encuesta dando vueltas que da cuenta que los vecinos, que son los administrados, no están disconformes con el servicio. Claro que se puede mejorar, pero sin necesidad de tercerizarlo”, señaló.
Larrea se pregunta además, que si se trata de una cuestión de costos, “¿porqué la modalidad de baja de frecuencia no se implementa ahora? ¿este pase a privado va a implicar menos personal y que el estado tenga a afrontar las indemnizaciones?”.
“Presentamos un pedido de informes para que muestren alguna constancia documental. Y estamos pidiendo que se convoque a la comisión de medio ambiente, que es extra Concejo, para que opine y debata, porque la recolección de basura es un tema de salud pública y de medio ambiente”, concluyó.
La otra pata, la sindical, también cree que hay un trasfondo. Roberto Arcángel, secretario local de Camioneros, pidió “que digan la verdad, que es una decisión política y listo”, y adelantó que “no me van a tocar a ningún trabajador”.
Desde Juntos por Cambio, Federico Tucat, le puso el moño a la discusión, criticando a sus pares opositores por el uso del término “negociados” y les recordó que si quieren hacer una denuncia, lo hagan en fiscalía, que “está en la misma manzana” que el Deliberante.
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