El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, manifestó que “por primera vez en 30 años hay presos políticos en la Argentina” a raíz de una “persecución de un Poder Judicial concentrado”. A su vez, se pronunció por una “ley de revisión extraordinaria” de los procesos a los que son sometidos exfuncionarios del gobierno anterior.
Además, se mostró partidario de una “ampliación” del número de miembros de la Corte, hoy con 5 integrantes, y que el máximo tribunal “se divida en salas” temáticas.
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En declaciones en El Destape Radio, sostuvo que “el grado del desprestigio del Poder Judicial argentino es muy grande, aunque en el país hay 3.000 jueces pero es un desbarajuste que está haciendo una treintena de personas, y en gran parte se debe a una estructura bastante irracional del Poder Judicial”.
Asimismo, advirtió que “llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer algunas reformas” en la Justicia “dentro del marco constitucional”.
En ese punto admitió su coincidencia con el precandidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández, quien semanas atrás advirtió que los jueces que están investigando a los exfuncionarios del gobierno anterior iban a tener que “explicar las barrabasadas que escribieron”.
“Me parece más que lógico; habría que tomar medidas para que no se produzca de nuevo esta concentración de poder; estamos viviendo una persecución política claramente por un Poder Judicial concentrado”, denunció.
Entonces expresó que “tenemos por primera vez en 30 años presos políticos, y habrá que resolver esa situación; creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una Cámara y de ahí ir a la Corte. No pienso en indultos ni amnistías, que no borran el delito, sino en un método de revisión extraordinaria en los casos en que haya habido arbitrariedad por parte de los tribunales”.
Acerca de si el máximo tribunal le responde o no al gobierno, Zaffaroni dijo que “no sé si no le responde o desconfía, pero no le responde de la manera tan servil que ellos quisieran”, en referencia a la actual administración.
“Hay que combatir la corrupción, pero hay una jurisprudencia que inventa una supuesta doctrina que dice que cualquier exfuncionario procesado debe quedar en prisión preventiva por posibles contactos residuales y queda preso aún cuando cerró la investigación”, aseveró.
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