“El proceso de disolución está transcurriendo con normalidad. Se continúan efectuando los pagos y las obras continúan. Sólo se están eliminando estructuras de administración de pagos, que tenían costo para la Provincia”. Con ese argumento, desde el Gobierno bonaerense buscan llevar tranquilidad frente a las dudas que rodean la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE).
La sanción del Presupuesto 2026 introdujo un cambio de fondo en la forma en que la Provincia financia y administra la obra pública. El esquema aprobado por la Legislatura avanzó en la eliminación de dos fondos fiduciarios que durante años funcionaron como herramientas específicas para canalizar proyectos de infraestructura, modificando así el andamiaje administrativo con el que se ejecutaban esas inversiones.
La medida alcanza al Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura (PROMEI) y al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, cuyas funciones, operatorias y activos pasarán a ser absorbidos por distintos organismos provinciales. En el caso del PROMEI, el Presupuesto dispuso su disolución formal y la extinción del fideicomiso que lo regulaba, dejando sin efecto el marco normativo que lo había constituido como vehículo financiero para la ejecución y administración de obras públicas en la Provincia.
PEDIDO DE INFORMES
Sin embargo, en paralelo, la situación del Fondo comenzó a escalar en el plano político. El senador provincial de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle el estado del PROFIDE, creado por la Ley 12.511 y disuelto recientemente por la Ley 15.557, en el marco del Presupuesto 2026.
La iniciativa solicita precisiones sobre obras y tareas en ejecución al 31 de diciembre de 2025, la composición del patrimonio, los instrumentos financieros vigentes, el destino del personal del Consejo de Administración y la identificación de las autoridades responsables del proceso de implementación, disolución y liquidación. También se pide información actualizada sobre el estado del trámite al 14 de enero de 2026.
El pedido legislativo se da en un contexto en el que persistirían dudas sobre la cancelación de certificados de obra correspondientes a empresas que ejecutan trabajos de infraestructura. En los fundamentos, de Urraza señala que el Fondo Fiduciario, sancionado en el año 2000, permitió durante más de dos décadas la ejecución de obra pública por fuera del presupuesto provincial, con controles limitados por parte de los organismos constitucionales. A lo largo de sus 25 años de vigencia, su marco normativo fue modificado en reiteradas oportunidades, adaptándose a las necesidades de cada gestión.
Según pudo reconstruir INFOCIELO, antes de la disolución formal del Fondo se habrían emitido órdenes de pago para cancelar compromisos, aunque esos pagos no se habrían efectivizado en los plazos previstos, pero con la promesa de regularizarse a la brevedad.
En ese escenario, algunas empresas habrían quedado expuestas a demoras en los cobros, lo que abre la posibilidad de reclamos administrativos o acciones legales, especialmente porque los fideicomisos, por norma, deberían cerrarse sin deudas pendientes. A eso se suma que los certificados vencidos comenzarían a actualizarse diariamente a través del Valor Unidad de Vivienda (UVI), un mecanismo que ajusta los montos según el costo de la construcción.
La deuda del PROFIDE podría ubicarse en torno a los $28 mil millones, aunque el Fondo contaría con recursos suficientes, lo que incrementa la incertidumbre entre los acreedores por la falta de un cronograma claro de pagos.
La Ley 15.557 dispuso además que el Instituto de la Vivienda absorba obras, operatorias y responsabilidades del PROFIDE, garantizando la continuidad administrativa durante la liquidación. Una vez finalizado el proceso, los remanentes deberán transferirse al Tesoro Provincial dentro de un plazo de 120 días, con intervención de la Legislatura.
