Lácteos Vidal, la empresa PYME de Carlos Casares que supo ser el fetiche de los sectores conservadores de la política nacional y los medios porteños por su enfrentamiento con drigentes sindicales y trabajadores que realizan reclamos laborales no para de acumular derrotas en los tribunales. Deudas, multas y una investigación por “desobediencia” la tienen contra las cuerdas.
En las últimas horas, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, a cargo de José Ignacio Ramonet, le dio otra vez la razón a los trabajadores y ordenó la inmediata reincorporación de los 29 empleados despedidos en 2022 por considerar que no existió un bloqueo ilegal a la planta, como planteaba la empresaria Alejandra Bada Vazquez, sino que únicamente se produjo “una ocupación temporaria de un terreno baldío en el marco de la huelga gremial”
La decisión no es una novedad y va en sintonía de varias instancias en las que la justicia dio la razón a los trabajadores y ordenó la reincorporación de los despedidos. Pese a la postura de los magistrados, la empresa decidió desconocer las exigencias aún a riesgo de sufrir sanciones económicas y complicaciones penales.
En ese marco, la nueva disposición judicial implicará una suba del 400% las multas (se elevan de $10.000 a $50.000 diarios las astreintes que deberá pagar la pyme por incumplir con lo ordenado). Pero no es todo, el Juez ahora pidió que se inicie una investigación por posible “desobediencia” -artículo 239 del Código Penal- a la dueña de Lácteos Vidal.
El Lobby de Bullrich, Arietto y una movida que salió mal para una Pyme bonaerense
El caso de “Lacteos Vidal” fue presentado como icónico para el Movimiento Empresario Antibloqueo (MEAB), una organización impulsada por la legisladora bonaerense María Florencia Arietto– saltó del PRO a La Libertad Avanza- y fogoneada por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich para combatir las luchas gremiales.
Adorni se refirió a los audios filtrados de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”
El vocero presidencial calificó la difusión de las grabaciones como inédita y aseguró que busca desestabilizar al gobierno e influir en la elección bonaerense.
“Es un conglomerado de empresarios y representes legales que se meten en cada uno de los conflictos legales. Arietto hoy está corrida pero fue la que la asesoró Alejandra Bada Vazquez para que haga esta presentación y ahora tiene que pagar las costas producto del asesoramiento de Arietto” contaba tiempo atrás a Infocielo, el titular de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Heber Ríos. Incentivada por la “mediatización” del caso que le garantizó la legisladora ahora libertaria, la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vazquez, optó por prolongar un conflicto a partir de la “victimización” contra un presunto bloqueo sindical a la planta. Sin embargo, la Justicia se encargó, en reiteradas veces, de refutar el planteo al considerar que los reclamos estaban inscritos dentro del marco del derecho a huelga.
Y señaló que el caso inauguró “una metodología que lamentablemente se empezó a reproducir. Posterior al caso de Lacteos Vidal hay varios casos y lo vemos reproducido con el caso Sancor. En vez de ajustarse a la ley, los empresarios lo transforman en un conflicto judicial, estigmatizan la huelga y ponen como víctimas al sector empresario y le inician causas a los dirigentes y trabajadores. Las denuncias se cayeron todas” sostuvo.
Con el nuevo revés, la Justicia agregó a Lacteos Vidal multas al monto de la liquidación de las astreintes recaudadas, que representa un valor de $1.699.528,21 a favor de cada uno de los trabajadores. “Aún se adeuda -de esa liquidación la suma de $15.484.246,11 -es decir a cada uno la suma de $ 1.720.471,79”, precisa la resolución.
