El deterioro de las condiciones económicas y laborales dentro de las fuerzas federales quedó expuesto en una cifra que el propio Gobierno nacional ya no puede ocultar: durante 2025 hubo un 30% más de suicidios entre sus integrantes que en 2024. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció el incremento y admitió que detrás de la problemática aparecen cuestiones vinculadas con la salud mental y los niveles de endeudamiento de los efectivos.
Sin embargo, al explicar el fenómeno, buscó encuadrarlo dentro de un aumento general de los suicidios en la Argentina, una comparación que no alcanza para explicar la particular situación que atraviesan policías, gendarmes, prefectos, agentes penitenciarios y miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “En 2025 hubo un 30 por ciento más que en 2024”, reconoció Monteoliva durante una entrevista con Radio Mitre. La ministra sostuvo que el incremento responde a “distintos motivos” y señaló que, a partir de un análisis realizado por su cartera, uno de los principales ejes es la salud mental.
El dato adquiere todavía mayor gravedad si se tiene en cuenta que, según la propia funcionaria, la tasa de suicidios entre los integrantes de las cinco fuerzas federales se encuentra por encima del promedio nacional. La tasa general que mencionó es de 22,7 suicidios cada 100 mil habitantes, mientras que la correspondiente a las fuerzas se ubicaría unos ocho puntos por encima.
Pero lejos de detenerse en las particularidades de esa situación, Monteoliva optó por relativizar el dato al señalar que “también se incrementaron los suicidios en el país” y que “las fuerzas federales no escapan a esa realidad”. El argumento puede servir para contextualizar el fenómeno, pero difícilmente alcanza como respuesta política frente a un problema que presenta características propias dentro de instituciones sometidas a condiciones laborales, económicas y psicológicas específicas.
De hecho, la propia ministra aportó uno de los elementos que permiten comprender esas particularidades. Al ser consultada por la posible relación entre las dificultades económicas y los suicidios, reconoció la existencia de “niveles de endeudamiento” entre los integrantes de las fuerzas, tanto formales como informales.
“Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar”, sostuvo Monteoliva, quien aseguró que el Ministerio de Seguridad trabaja en mecanismos de acompañamiento y asistencia financiera. La admisión resulta significativa: mientras el Gobierno nacional sostiene un discurso permanente sobre el orden y la seguridad, dentro de las propias fuerzas que deben garantizarlo existen trabajadores atravesados por salarios insuficientes, endeudamiento y problemas de salud mental.
La situación salarial ayuda a dimensionar el cuadro. En agosto, el sueldo básico de un cabo de la Policía Federal Argentina rondaba los $965.919,34, un ingreso que aparece cada vez más alejado del costo de vida y que obliga a muchos agentes a recurrir a adicionales, horas extra o trabajos complementarios para completar sus ingresos.
Una crisis que el Gobierno no puede explicar solamente con la sociedad
El planteo de Monteoliva de que las fuerzas federales “no escapan” a la realidad del país también abre otra discusión que el Gobierno nacional parece evitar: si efectivamente existe un fuerte crecimiento de los suicidios en la sociedad argentina, entonces el problema tampoco puede ser presentado como un fenómeno ajeno a las políticas públicas nacionales.
Las dificultades económicas, la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento, la incertidumbre laboral y el deterioro de las condiciones de vida no afectan solamente a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Son factores que atraviesan a millones de argentinos y que inevitablemente impactan en las familias, en los vínculos y en la salud mental.
Por eso, señalar que las fuerzas federales forman parte de una tendencia nacional no debería funcionar como una explicación tranquilizadora, sino como una señal de alarma para el propio Gobierno. Si la cantidad de suicidios pasó, según los números expuestos por Monteoliva, de unos 2.300 casos hace una década a alrededor de 5.300 en la actualidad, la respuesta estatal no puede limitarse a constatar que el problema existe.
Mucho menos cuando la administración de Javier Milei sostiene una política económica que tiene entre sus principales consecuencias la pérdida de ingresos y el ajuste sobre distintos sectores de la sociedad.
En ese contexto, también resulta inevitable señalar la ausencia de una política nacional visible y de alcance suficiente para abordar la crisis de salud mental. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, no aparece ocupando un lugar central en la discusión pública sobre las consecuencias psicológicas y sociales de la crisis económica, pese a que el propio Gobierno reconoce ahora que el deterioro de la salud mental constituye uno de los factores asociados al aumento de los suicidios.
La respuesta de Seguridad, mientras tanto, parece concentrarse en el acompañamiento individual y en enseñar a los efectivos a ordenar sus deudas. Son herramientas que pueden resultar necesarias, pero que difícilmente alcanzan para resolver un problema que también tiene raíces estructurales.
El aumento salarial, todavía en veremos
En paralelo, Monteoliva evitó confirmar cuándo y cuánto aumentarán los salarios de las fuerzas federales. La ministra reconoció que el tema está siendo analizado junto con el equipo económico y aseguró que se busca una alternativa que permita generar “un alivio” para los trabajadores. “Estamos prontos a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio”, sostuvo.
La propuesta que evalúa el Gobierno contemplaría un porcentaje general para todos los integrantes, incluidos los retirados, y otro componente focalizado en quienes cumplen tareas operativas. Sin embargo, la ministra no pudo precisar el monto ni confirmó cuándo se anunciará.
La indefinición salarial contrasta con la gravedad del diagnóstico que la propia cartera de Seguridad acaba de poner sobre la mesa. Si el endeudamiento forma parte de los factores que afectan la salud mental de los efectivos y si los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, la discusión sobre aumentos deja de ser exclusivamente gremial o presupuestaria: pasa a formar parte de cualquier estrategia seria para atender la crisis dentro de las fuerzas.
El Gobierno admite así dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, que los suicidios aumentaron un 30% entre los integrantes de las fuerzas federales. Por otro, que existe un problema de endeudamiento y salud mental entre quienes las integran. La respuesta, sin embargo, vuelve a quedar atada a futuras decisiones salariales y a medidas de acompañamiento.
Y mientras Monteoliva intenta explicar el fenómeno diciendo que las fuerzas “no escapan” a la realidad del país, queda pendiente la pregunta más incómoda: si esa realidad nacional también está empeorando, ¿qué está haciendo el Gobierno para evitar que la crisis económica y social siga convirtiéndose en una crisis de salud mental?
