Hace alrededor de 10 años y en medio de innumerables polémicas, la Legislatura bonaerense sancionaba la Ley de Hábitat. Corría el año 2012, Daniel Scioli iniciaba su segundo mandato y La Cámpora irrumpía con fuerza en el escenario político bonaerense. La Ley se discutió mucho y mal: algunos medios la señalaron como el marco legal para expropiar tierras privadas de manera masiva y presionaron al Ejecutivo para que la derogara.
Finalmente, Scioli la reglamentó en 2013, pero todavía está lejos de tener plena vigencia. Es que muchos intendentes se resisten a adherir, a pesar del abanico de soluciones que ofrece para evitar crisis habitacionales como la que estalló en Guernica en 2020 o la que hoy padece Olavarría.
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Luciano Scatolini fue promotor de la norma y la defiende a capa y espada. “Es una ley de avanzada, contempla muchas cuestiones que estamos tomando como Ministerio Nacional, como política pública, para irradiar a todo el territorio”, dijo esta semana, entrevistado en LADO P.
Hoy puede hacer algo con esa responsabilidad desde su cargo como Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, pero admite que la decisión final pasa por los intendentes. “En la Argentina, las decisiones administrativas sobre el suelo, las regulaciones urbanísticas, son facultad de los gobiernos locales”, explica.
Y a pesar de que reconoce que la Ley “tiene muy bajo nivel de aplicación hasta ahora” le apuesta a la voluntad política del Gobierno bonaerense para avanzar en ese sentido. “Creo que el gobernador Axel Kicillof está tratando en este contexto difícil de llevar adelante un entramado de relaciones intergubernamentales complejas que tiene la Provincia para trabajar en la temática y buscar la plena implementación”, se ilusiona.
No es un tema menor en un país que está entre los más urbanizados del planeta y muestra profundas desigualdades en cuanto al acceso al suelo y a la vivienda.
Mitos y verdades de la Ley de Hábitat, por Luciano Scatolini
MITOS Y VERDADES DE UNA LEY DEMONIZADA
Ni bien comenzó a discutirse, la Ley de Hábitat fue el blanco de ataques, fake news y operaciones. Muchos dirigentes políticos y medios de comunicación aseguraban que pretendía expropiarse parte de barrios cerrados para generar viviendas sociales y aseguraron que ya nadie invertiría en el sector.
La realidad, como siempre, fue otra. “El territorio, el suelo, es donde se materializa un proyecto de ciudad, define las desigualdades o trata de generar”, explica Scatolini, para quien la dicotomía “barrio social o barrio cerrado es una falsa antinomia”.
Esa es la entrada para explicar una de las medidas más revolucionarias de la Ley, que autoriza la creación de barrios privados “en un contexto de planificación” y genera la idea de plusvalía.
“Lo que dice es que el diez por ciento de la valorización que se genera por ese tipo de urbanización se tiene que destinar a un fondo para que el Estado municipal pueda reinvertirlo en áreas más necesidades”, comenta.
Se puede traducir con un ejemplo práctico. Si un empresario transforma 20 hectáreas de campo en un barrio cerrado, la tierra vale más. La diferencia entre el valor como campo y como urbanización debe tributar entre el 10 y el 35 por ciento para que el Municipio abra calles, generar lotes, lleve servicios o genere infraestructura, y no otra cosa.
En las antípodas de las políticas que impulsa la Ley de Hábitat están las decisiones que toma el PRO en la CIudad de Buenos Aires, apuntando a los grandes negocios urbanísticos y a la concentración.
Hay un dato concreto que no deja lugar a dudas sobre esta afirmación. “En la Ciudad se liquidaron en cuatro años 50 inmuebles fiscales, del Estado Nacional y de la Ciudad, equivalente a 17 canchas de River, que se subastaron a los amigos del poder y les regalaron la plusvalía, porque les dieron la norma urbana para construir en altura”, denuncia Scatolini, quien señala que con esos terrenos se podrían haber construido 25 mil departamentos de 50 metros cuadrados.
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