La restricción presupuestaria volvió a funcionar en la Argentina. El Gobierno calibra por estas horas un gasto público que venía creciendo de forma sustancial. En rigor, si se lo analiza en detalle, cada una de las decisiones -para bien y para mal- que ha tomado la Casa Rosada parecen tener ese norte. No hay dinero suficiente para transitar sin fricción los distintos escenarios, el doméstico y el externo.
Puertas adentro, el Gobierno tomó la decisión de recortar de forma importante uno de sus programas más ambiciosos para contener el mal momento provocado por la pandemia. El programa de Asistencia el Trabajo y la Producción, denominado ATP3, será el que vuelva a garantizar hasta el 50% de los salarios de miles de empresas. Pero ahora se le aplicará modificaciones.
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En rigor, el programa continuará en junio (para pagarse en julio) pero regionalizado y acotado a los rubros críticos. Por otro lado, no habrá asistencia estatal para el pago de aguinaldos, un reclamo de la Unión Industrial Argentina y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aunque se agregarán dos líneas de créditos para Pymes.
Todas las empresas de hasta 800 empleados continuarán recibiendo el ATP3 pero, de acuerdo a su ubicación geográfica y a su rubro de actividad, en distinto porcentaje. Habrá una reducción gradual para aquellos sectores que hayan retomado su actividad y ahora, más que asistencia para sueldos, necesitan el acceso a créditos para cubrir capital de trabajo como insumos o alquileres.
También se analiza un nuevo formato para la continuidad del Ingreso Federal de Emergencia (IFE), tal vez adaptado al criterio regional aplicado en el ATP fase 3 para direccionar la inversión fiscal a las zonas del país donde aún no se liberó la actividad económica y se continúa bajo el régimen del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
Siguiendo esta línea, la tensión emergente en la negociación por la reestructuración de la deuda también respeta la restricción. Uno de los principales grupos de acreedores advirtió en las últimas horas que evalúa acudir a la Justicia ante el “fracaso de las negociaciones” para reestructurar unos 66.000 millones de dólares de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera. Del otro lado del mostrador, el presidente Alberto Fernández dijo ser “inflexible”.
“Dado el fracaso de las negociaciones, nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorristas que servimos en todo el mundo”, declaró el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos en un comunicado.
El gobierno de Alberto Fernández confiaba en sellar un acuerdo esta semana, con la presentación de una “oferta final” el martes pasado. Sin embargo, fuentes de Economía señalan que, en última instancia, terminó pasando lo que sabían que podía tener lugar, esto es, que en la recta final, los bonistas volvieran a alinearse para que Argentina hiciera un esfuerzo más, es decir, cruzara la línea límite que marcara el FMI de los u$s50 de valor presente neto en la oferta.
Los acreedores, encabezados por Blackrock, hoy están más cerca de los u$s55, y lo que separa es una cifra sideral. “Vamos a pagar en la medida en que podamos, ni un milímetro más. Y en eso soy inflexible, porque conozco como están las finanzas del mundo. No le pueden exigir a Argentina lo que al mundo no le exigen”, advirtió el presidente.
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