Como todos los años, la ExpoAgro que se hace en San Nicolás recibe a la plana mayor de la dirigencia política. En estos días estuvieron Luis Caputo, Victoria Villarruel y hasta Mauricio Macri dejando fuertes definiciones. El gobierno bonaerense no se quiere quedar atrás.
La provincia de Buenos Aires tiene una importante participación en la feria agroindustrial gracias a, principalmente, dos organismos: el Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Sin embargo, ayer se sumó Gabriel Katopodis, el titular del área de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, quien recorrió el predio y mantuvo algunas reuniones.
Según contó el propio Katopodis, su visita fue para “comunicar” el Plan de Infraestructura para el desarrollo productivo de la Provincia. Actualmente, se están haciendo 485 obras viales (con casi 6500 kilómetros de ruta a intervenir), 1.246 obras hídricas (que equivalen a 3 millones de hectáreas productivas a recuperar) y hay unos 107 proyectos energéticos en marcha (para ejecutar más de 120 kilómetros de líneas de alta tensión).
“Tenemos la decisión de seguir fortaleciendo la infraestructura que necesitan para mejorar las condiciones de competitividad”, destacó el funcionario durante su recorrida. “Creemos en un país de producción y trabajo, por eso impulsamos la inversión pública en infraestructura que pueda fortalecer la capacidad emprendedora, la innovación y la tecnología”, completó.
Nuevo sistema de balanzas
Una de las novedades que presentó Katopodis tiene que ver con el Sistema Integrado de Control de Cargas en distintos corredores viales de la Provincia. Consiste en la instalación de unas 40 balanzas con tecnología WIM para el control de pesos y dimensiones. “Arreglar una ruta nos lleva tiempo y esfuerzo económico, pero después necesitamos mantenerla, es decir hacer un uso eficiente para que no se vuelvan a romper”, explicó.
Según se informó, estas balanzas van a estar repartidas en más de 20 rutas bonaerenses seleccionadas estratégicamente. En rigor, la iniciativa había sido anunciada por autoridades de ARBA el año pasado. En ese momento, se hablaba de una inversión de 30 millones de dólares para implementar el sistema de fiscalización con el que buscan proteger los caminos y desincentivar “la competencia desleal”.
