En medio de la creciente centralidad que volvió a adquirir la inseguridad en la agenda política, La Libertad Avanza presentó un proyecto en el Senado para exigir la convocatoria del Consejo Provincial de Seguridad Pública, un organismo creado por ley hace casi tres décadas que nunca logró funcionar de manera sostenida.
La iniciativa fue impulsada por el senador Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en la Cámara alta bonaerense, quien reclamó al gobierno de Axel Kicillof la puesta en marcha de una herramienta institucional prevista en la Ley 12.154 para coordinar políticas de seguridad entre el Ejecutivo, la Legislatura y distintos organismos especializados.
Además de Carlos Curestis, la iniciativa lleva las firmas de los senadores María Cecilia Martínez, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo, Luciano Olivera y Florencia Arietto, quienes respaldaron el pedido para que el Ejecutivo provincial convoque al Consejo Provincial de Seguridad Pública.
El proyecto aparece en un contexto en el que la inseguridad volvió a ocupar un lugar central en el debate público y se convirtió en uno de los principales ejes de confrontación entre el oficialismo provincial y la oposición.
QUÉ PROPONE EL PROYECTO DE LA LIBERTAD AVANZA
La iniciativa solicita que el Poder Ejecutivo convoque con urgencia al Consejo Provincial de Seguridad Pública, creado por el artículo 8 de la Ley 12.154, con el objetivo de elaborar políticas integrales para enfrentar la situación de seguridad en territorio bonaerense.
Según los fundamentos, la provincia atraviesa una crisis de seguridad marcada por el crecimiento de los delitos violentos, el avance del narcotráfico y una creciente sensación de desprotección ciudadana.
“Los bonaerenses están cansados de escuchar diagnósticos sobre la inseguridad. Lo que esperan son decisiones concretas“, sostuvo Curestis al presentar la iniciativa.
El legislador agregó que la Provincia ya cuenta con una herramienta institucional para coordinar una política de seguridad de largo plazo, aunque consideró que nunca fue utilizada de manera efectiva.
UN ORGANISMO CREADO HACE CASI TRES DÉCADAS
Más allá de las críticas al gobierno bonaerense, los propios fundamentos del proyecto reconocen que el problema excede a la actual gestión.
El Consejo Provincial de Seguridad Pública fue creado en 1998 y está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, legisladores de la mayoría y la minoría, autoridades policiales y funcionarios vinculados al sistema de seguridad y justicia. Su función es colaborar en la elaboración de planes, proyectos y políticas públicas en la materia.
Sin embargo, el texto presentado por Curestis señala que el organismo nunca tuvo un funcionamiento pleno y permanente y que las convocatorias realizadas a lo largo de los años fueron esporádicas.
“La Provincia tiene una herramienta institucional creada por ley para coordinar una política de seguridad seria y nunca la puso en funcionamiento de manera efectiva“, sostuvo el senador.
La observación no sólo alcanza a la administración actual. La ley atravesó gobiernos de distintos signos políticos sin que el Consejo lograra consolidarse como un espacio permanente de discusión y planificación de políticas de seguridad.
EL MENSAJE A KICILLOF
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que toma como punto de partida el discurso que Axel Kicillof pronunció el pasado 2 de marzo ante la Asamblea Legislativa.
Según los fundamentos, antes de impulsar modificaciones a la legislación vigente en materia de seguridad, el Ejecutivo debería utilizar plenamente las herramientas que ya existen dentro del marco normativo provincial.
“Si el Gobierno considera que hay que debatir cambios en la política de seguridad, primero debería cumplir con la ley vigente y convocar al organismo que fue creado precisamente para eso. La herramienta existe. Lo que falta es voluntad política para usarla“, afirmó Curestis.
De esta manera, La Libertad Avanza busca sumar un nuevo capítulo al debate sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires, aunque apelando a una estructura institucional creada hace casi treinta años y que, según reconoce el propio proyecto, nunca logró funcionar de manera sostenida bajo ninguna administración provincial.
