La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de firmar un fallo que, más allá de la cuestión jurídica, huele a respaldo político: benefició nada menos que al actual Canciller Gerardo Werthein, en una causa laboral que lo tenía en la mira por presuntas maniobras para encubrir vínculos laborales en Telecom Argentina S.A., la empresa que integró como directivo.
Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional del Trabajo que había extendido la responsabilidad solidaria a Werthein y a otros exdirectivos de Telecom por deudas laborales reclamadas por un trabajador, de apellido Oviedo.
Este había denunciado que trabajó instalando y reparando líneas telefónicas, bajo el mando de Telecom, aunque tercerizado a través de dos empresas intermediarias —Tel 3 S.A. y Cotelar S.R.L.— que, según la Justicia laboral, habrían servido para ocultar la relación de dependencia real.
El trasfondo del fallo
La Cámara del Trabajo había interpretado que la maniobra encuadraba en los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades, que habilitan a responsabilizar patrimonialmente a directores o presidentes cuando participan en actos ilícitos para encubrir contratos laborales.
Según los jueces laborales, Werthein y los demás directivos sabían perfectamente que había un vínculo laboral encubierto, y por eso resolvieron hacerlos solidariamente responsables por las deudas con el trabajador.
Pero la Corte Suprema, con argumentos estrictamente jurídicos —al menos en lo formal—, dio vuelta el fallo. Consideró que en sociedades grandes como Telecom, los directores no se meten en decisiones operativas y que su función es definir estrategias generales y supervisar a la línea gerencial.
Para el máximo tribunal, no se probó que Werthein ni los otros directivos hubieran intervenido personalmente en las maniobras denunciadas ni que tuvieran responsabilidad directa en las contrataciones de las firmas intermediarias.
Werthein, de hecho, presentó un escrito donde explicó que el directorio de una empresa como Telecom solo se ocupa de “cuestiones estratégicas” y delega la gestión diaria.
Andrea Mangoni, otro de los involucrados, dijo que ni siquiera vivía en Argentina en la época de los hechos y que ocupó el cargo años después de que Oviedo comenzara a trabajar. Y Enrique Garrido advirtió que la contratación de Tel 3 S.A. era previa a su ingreso al directorio.
El máximo tribunal “compró” esos argumentos. Sostuvo que extender la responsabilidad a los directivos de manera automática “sin apreciar en forma concreta y razonada las circunstancias” viola la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias. Y reiteró que la sociedad y sus administradores son personas jurídicas distintas, por lo que atribuir responsabilidad a los directores exige probar que incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
Con ese criterio, la Corte anuló el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo y ordenó dictar una nueva sentencia que respete estos lineamientos.
Poder Judicial bajo la lupa
Pero más allá de los tecnicismos, el fallo abre interrogantes. No es menor que Gerardo Werthein, hoy canciller de Javier Milei y figura clave en la política exterior argentina, haya resultado favorecido por una decisión tan sensible, cuando la Corte Suprema atraviesa su propio momento político y está bajo la lupa por sus vínculos con el poder Ejecutivo.
En tribunales, muchos ven en este fallo una señal de que los lazos entre Comodoro Py, Talcahuano y la Casa Rosada siguen siendo estrechos, incluso cuando se trata de temas laborales, donde habitualmente el Poder Judicial suele inclinar la balanza en favor de los trabajadores.
Por ahora, la cuestión no está del todo cerrada: la causa volverá a la Cámara para dictar un nuevo fallo, aunque el mensaje de la Corte fue clarísimo. En el pleito entre un trabajador y Telecom, los directores —y en especial el actual canciller— quedaron, al menos por ahora, a salvo.
