La provincia de Buenos Aires participó este martes de la primera audiencia formal convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por una deuda previsional que supera los $2,2 billones.
Se trata de la primera señal favorable a la Provincia por parte del máximo tribunal que pedía una respuesta ante los numerosos planteos judiciales hechos por recortes de fondos coparticipables, transferencias no automáticas y obras paralizadas.
El encuentro de este martes marcó el inicio de una instancia de diálogo institucional entre las partes, con el objetivo de avanzar en el reclamo que la administración bonaerense sostiene por los fondos adeudados al sistema jubilatorio provincial. Según se informó, tras la audiencia se fijó una nueva convocatoria para el próximo 21 de abril.
De la reunión participaron el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Una instancia de diálogo con nueva fecha
Al término del encuentro, López destacó la apertura de este canal institucional y señaló que la Provincia pudo exponer el reclamo por la deuda previsional. Además, indicó que el Gobierno nacional se comprometió a trabajar sobre la cuestión de cara a la próxima audiencia, con la expectativa de avanzar hacia un reconocimiento del pasivo y una posible solución.
“Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial”, sostuvo el funcionario. Y agregó que esperan llegar a la próxima instancia “con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución”.
Otros seis reclamos abiertos contra Nación
El litigio por los fondos adeudados por ANSES es apenas uno de los siete reclamos que la Provincia mantiene contra el Estado nacional. En conjunto, las deudas por transferencias no automáticas y obras paralizadas ascienden a unos $15,6 billones.
Entre las otras demandas iniciadas se encuentran los reclamos por el recorte de fondos destinados a seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y educación (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
Según planteó López, este escenario obliga a la administración bonaerense a sostener con recursos propios el funcionamiento de áreas clave del Estado.
Caída de recursos y tensión por la coparticipación
El planteo judicial se inscribe en un contexto de caída de la recaudación, que desde la Provincia atribuyen al impacto de la recesión económica. A esto se suma, según la postura oficial, un esquema de coparticipación que consideran desfavorable.
De acuerdo a ese diagnóstico, Buenos Aires aporta alrededor del 38% de la recaudación nacional, pero recibe cerca del 7%, mientras que la Nación concentra el 70% de los recursos.
En ese marco, el recorte de transferencias y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional representan —según el gobierno bonaerense— un condicionante central para la prestación de servicios en el distrito más poblado del país.
