La CIDH asegura que el gobierno sigue hacinando detenidos en las comisarías bonaerenses

En marzo de 2017, un incendio que pudo ser evitado por el personal policial de la comisaría 1º de Pergamino, terminó en la muerte de siete jóvenes.

Eso, sin embargo, no evitó que dos años después un idéntico hecho desate la mayor tragedia en comisarías del país, tras el fallecimiento de diez personas en la dependencia 3º de Esteban Echeverría.

Pese a estos dos casos de trascendencia nacional, el gobierno de María Eugenia Vidal no modificó sustancialmente la utilización de las comisarías para alojar detenidos. Eso, alarmó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reforzó las medidas cautelares para seis comisarías y amplió para otras 15 en territorio bonaerenses.

Según un informe que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al 31 de enero, había 3191 personas alojadas en comisarías, muchas de ellas en dependencias en donde ya pesaba una clausura.

“El 34% estaba en dependencias sobre las que pesa una clausura judicial o que fueron inhabilitadas por el Ministerio de Seguridad. Las condiciones, luego de diecisiete muertes, siguen siendo críticas: hay hacinamiento, pésimas condiciones materiales y violencia”, explican.

Esta realidad volvió a ser visibilizada cuando en la comisaría 3º de Merlo, varios detenidos golpearon a otro con la complicidad del personal policial.

Desde el Cels, advierten que el gobierno de Macri –lejos de reparar en esta problemática- se apoya en medidas que apuntan a un “mayor encarcelamiento”, lo que conducirá a un mayor hacinamiento de las comisarías.

“El Poder Ejecutivo, a pesar de tener un trágico récord de muertos en comisarías y de reconocer los altos niveles de sobrepoblación, sostiene como principal medida de seguridad el aumento del encarcelamiento. Se trata de una vieja receta utilizada por las gestiones anteriores, que nunca funcionó”, recordaron.

Por su parte, el gobierno de Cambiemos tiene como uno de sus pilares de campaña al intento por modificar el Código Procesal Penal, en el cual se buscará –entre otros puntos-, la baja de la edad de imputabilidad.

“El ministro de Justicia, en una nota periodística reciente, propuso una nueva reforma del Código Procesal Penal, que haga eje en la ampliación del uso de la prisión preventiva, de manera tal que convierta ese instrumento en un adelanto de pena para personas sobre las que aún no se definió su responsabilidad sobre ningún delito. Una reforma de ese tipo no resuelve los problemas de seguridad, sólo aumenta la población encarcelada, agrava la sobrepoblación y las graves violaciones a los derechos humanos que hoy se viven en el encierro”, concluyeron.