La comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación continuó este martes con el análisis del fallo sobre la coparticipación que emitió la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires, con las declaraciones como testigo de fiscales de Estado de distintas provincias.
Se trata de funcionares provinciales que presentaron sendos amicus curiae -amigos del Tribunal- en la causa que la Corte abrió por la medida cautelar que presentó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en reclamo de mayor recursos coparticipables.
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“Entendíamos que el mecanismo de coparticipación es complejo, y cualquier decisión que se pudiera tomar, podía incidir en las economías y finanzas de la provincia, de una manera directa o indirecta. Por eso, cuando tomamos conocimiento de la causa, decidimos recurrir al instituto del amicus curiae para dejar sentada nuestra posición”, explicó el fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro.
En esa dirección, el abogado Tanarro remarcó la intención de su provincia de “argumentar la constitucionalidad del artículo 75 y que se mantuviera la Ley 27.606, porque cualquier otra decisión podía influir en las finanzas de las provincias”.
Se trata de la ley sancionada en diciembre de 2020 que determinó el financiamiento de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, por el convenio de transferencia de la policía que realizó el ex presidente Mauricio Macri en 2016.
En aquel año, Macri concretó el traspaso de la policía y decretó que se le otorgue a la Ciudad el 3,75% de los recursos coparticipables, cuando hasta entonces percibía el 1,4%. En 2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de coparticipación sea del 2,32%, lo que generó el reclamo de Larreta ante la Corte, la cual finalmente estableció la cifra de 2,95%.
Al respecto, la titular del Banco Nación, y ex secretaria de la Secretaría de las Provincias del ministerio del Interior, Silvina Batakis, sostuvo que el DNU de Macri de 2016 “ni siquiera establece los motivos por los cuales se aumenta el porcentaje de 1,4 a 3.75”, y explicó que “la Auditoría de la Ciudad trabajó sobre las erogaciones vinculadas con la transferencia de seguridad. El informe establece que no había ningún fundamento para poder llevar al 3,75 y que había inconvenientes para acceder a la información”.
En esa dirección, puntualizó que “para poder abordar las erogaciones, la variación tendría que haber sido 0,92% y fue en exceso. Del 2.32 al 3.75 es todo el exceso que tuvo”.
“Cuando la Corte dicta la medida cautelar se extralimita en sus funciones“, aseguró el fiscal de Estado santacruceño ante la comisión de juicio político, y sostuvo que “establece un porcentaje que nos parece infundado“, en relación al 2,95% de los recursos destinados a la Ciudad en el fallo del máximo tribunal que se encuentra en evaluación.
En ese sentido, Tanarro destacó que aún con la lectura completa del fallo de la Corte Suprema de Justicia “no encontramos fundamentos para ese porcentaje”, al mismo tiempo que criticó que “al suspender la aplicación de la ley 27.606 se está declarando inconstitucional, y entendemos que es improcedente”.
Cabe recordar que durante la audiencia celebrada la semana pasada, el titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia, Joaquín Alperovich, aseguró que no fue convocado por los máximos magistrados para realizar un estudio impacto sobre el fallo en cuestión, cuando se supone que esa es su tarea. ”No se le ha dado intervención a la unidad de análisis económico”, indicó Alperovich y manifestó desconocer los motivos.
Por su parte, el fiscal de Estado de Catamarca, Marcos Denett, señaló que “la presentación de la provincia se hizo manifestando que no éramos parte de este proceso, pero teníamos legitimación para intervenir ya que nos interesaba dar cuenta del desfasaje a favor de la CABA”.
Mientras que el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Julio César Abate, dijo que “seríamos amigos del tribunal si lo hubiesen permitido, la primera presentación se realizó en abril 2022 porque se trataba de una causa en donde estaba directa o indirectamente comprometida la coparticipación federal y, en tanto, se trata de derecho intrafederal”.
Y añadió: “Tenemos un problema con la Corte de comunicación. Evidentemente la corte ha decidido el silencio, es desidia y es un desprecio a las provincias”. “El fallo de la Corte -como opinión técnica- es verdaderamente sorprendente en tanto suspendía la aplicación de una ley que no había sido declarada constitucional y, establecía un porcentaje arbitrario o caprichoso. A lo mejor ese porcentaje es menos o más pero no fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo”, enfatizó.
El martes1 de agosto, la comisión de juicio político en Diputados convocó a declarar al asesor de Horacio Rosatti, Silvio Robles, junto al ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, cuyos chats fueron filtrados en la prensa.
La comisión analiza los causantes de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzeti, por mal desempeño de sus funciones. Entre los causantes analizados, se encuentra el fallo por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el freno al avance de las causas contra delitos de Lesa Humanidad, y presuntas estafas en la obra social de la Corte.
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