En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, el intendente del PRO, Guillermo Montenegro, volvió a sacar a la luz la discusión que marcó buena parte de los últimos tiempos: las diferencias entre el Conurbano y el Interior bonaerense.
Con foco en las políticas de carácter “federal” que reclama, el alcalde señaló la necesidad de las mismas dado que “las respuestas a las distintas demandas que surgen no las puede dar solo el Municipio”.
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No es la primera vez que el intendente Montenegro plantea estas diferencias, como así también lo hicieron otros jefes comunales, tanto del oficialismo como de la oposición, ante las diferencias geográficas, demográficas, culturales y hasta políticas.
“Noto que la gran mayoría de las decisiones se toman sin tener en cuenta las realidades locales de los pueblos y ciudades del interior”, aseveró el alcalde marplatense.
En esa línea, resaltó que esas decisiones “están centralizadas en el AMBA, pensadas por y para sus habitantes; sobran ejemplos y quedó evidenciado en la pandemia, pero también se ve en otras decisiones”, deslizó.
Para él, tanto en las escuelas, la movilidad, la productividad y la cantidad de personas que circulan, “es distinta en cada localidad del interior y muy diferente a la realidad del AMBA”.
Ahí, volvió a la carga con una problemática presente en la Provincia: la diferencia en el valor del transporte público, ya que gracias a los subsidios el boleto en el Conurbano se sostiene en 18 pesos, mientras que en localidades del interior provincial llega hasta los 80 pesos por pasaje.
“Desde el inicio de esta gestión, junto a otros intendentes del interior del país venimos señalando la inequidad existente en el subsidio que recibimos en comparación con el AMBA”, aseveró.
Sobre esa cuestión, el alcalde mantuvo reuniones con sus pares del interior del país y con el propio ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, a quien le planteó esta problemática.
En concreto, la discusión quedó planteada, los intendentes del interior están en alerta y a la expectativa de evitar las “discriminaciones” presentes en las políticas aplicadas sobre sus territorios.
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