El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluirá este miércoles, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a más de 9 millones de personas con problemas habitacionales. De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y los inquilinos que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
El Ministro Jorge Ferraresi anunció días atrás que no se extenderá dicho DNU a pesar de que la emergencia sanitaria se extendió hasta fin de año. El DNU sólo contemplaba a los alquileres formales, dado que la mayoría (70%) son informales, y en muchos casos, los desalojos se realizaban bajo amenaza. A partir de este jueves 1 de abril estarán habilitados los desalojos y se podrán aumentar sin límite alguno los alquileres.
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Los inquilinos sufrirán un “tarifazo de alquileres”: las deudas de los aumentos del año pasado, sus intereses, y los nuevos aumentos y, en muchos casos, contratos nuevos. El 80% se endeudó, el 40% no sabe dónde irá a parar.
El Gobierno anunció un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales”. Según Ferraresi esto va a frenar los desalojos, pero diversas asociaciones de inquilinos consultadas por INFOCIELO aseguran que “el ministro miente para salir del paso”. Es que dicen que el protocolo es un nuevo recurso pérfido para levantar el DNU, bajo la promesa de intervención en las mediaciones de desalojo”.
Muchas familias ya recibieron anuncios de desalojos, y los abogados les cobran alrededor de 50.000 pesos por mediación. Las mediaciones sólo corresponden a los contratos firmados después de la Nueva Ley de Alquileres (marzo 2020). No son pocos los propietarios que iniciaron juicios durante 2020. Por eso, apenas finalice el plazo del decreto, muchos de estos casos judicializados comenzarán a dictar desalojos. Los dueños prefieren desalojar y firmar nuevos contratos con subas superiores al 100%. El registro del contrato en la AFIP no va a modificar el escenario de desalojos como plantea Ferraresi.
A esto se le suma que desde Cambiemos se intenta impulsar una ley que permita “desalojos exprés” y suprimir la Ley de Alquileres, amparados en el “libre juego del mercado”, que llevó a esta situación catastrófica. Las familias destinan más del 50% de los ingresos para pagar el alquiler, mientras los aumentos van desde el 60 al 100%, triplicando la inflación.
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