La jueza María Servini procesó al funcionarios del ex ministerio deTurismo que conducía Gustavo Santos. Fue en el marco de una causa que investiga a otros funcionarios de su cartera y a empresarios por presuntas maniobras de corrupción realizadas en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.
La causa, que surgió a raíz de una denuncia realizada a la Oficina Anticorrupción, investiga la contratación directa de tres empresas que distribuyeron pauta publicitaria en las radios para una campaña publicitaria realizada en 2016 para promover el turismo en distintos puntos del país durante la semana santa de aquel año.
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Fue el empresario Gonzalo Yrurtia quien en 2018 había realizado la denuncia al organismo que conducía Laura Alonso. Lo único que hizo la ex titular de la OA fue pedir informes al Consejo Federal de Turismo (CFT), y luego cajoneó el expediente. Recién el año pasado, cuando al frente de la Oficina Anticorrupción estaba Félix Crous, se realizó la denuncia penal correspondiente ante la Justicia.
La causa quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Francisco Delgado, quien llamó a indagatoria a los imputados. Ahora, Servini dictó el procesamiento de los ex funcionarios, incluidos el ex ministro Gustavo Santos, al determinar que las tres empresas contratadas (Team Media, Publicidad 10 y 80/20 Marketing & Publicidad) estaban relacionadas entre sí, por lo que no hubo competencia en la licitación.
La acusación por corrupción implica negociaciones incompatibles con la función pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Quienes fueron imputados son el ex titular del CFT, César Ovejero; el coordinador, Claudio Massetti; el secretario Alejandro Lastra; el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria; la directora de jurídicos, Ana Gradín; y dos empresarios: Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
En un primer momento trascendió que Gustavo Santos también había sido procesado, pero por el momento se desmintió. A los acusados les establecieron un embargo de 50 millones de pesos. Según la resolución, “omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas”.
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