La Dirección Nacional de Migraciones dejó sin efecto la Disposición 2229 del año 2014. Se trata de la norma que había creado la autorización de residencia precaria para extranjeros que ingresaran o estén en Argentina bajo algunas condiciones particulares. Sigue el endurecimiento de la política migratoria.
La novedad quedó oficializada en la Disposición 1547/26 publicada en el Boletín Oficial de este viernes. Lo único que hace esta norma es eliminar una disposición del año 2014 que habilitaba la emisión de autorizaciones de residencia precaria para extranjeros amparándose en el artículo 20 de la Ley 25.871. Esta regla ya había sido modificada con un decreto presidencial en mayo del año pasado para restringir los permisos precarios de residencia en Argentina.
Sobre la base de esos cambios, el gobierno nacional decidió dejar sin efecto la Disposición 2229/14. Según informaron, esto implica que ciudadanos de otros países que estén en Argentina, pero con órdenes de expulsión ya no podrán contar con la residencia precaria de 90 días.
“No resulta compatible la emisión de una autorización de residencia precaria, que habilita a permanecer en el país, a un extranjero sobre el que hubiera recaído orden de expulsión o conminación a hacer abandono del territorio nacional“, argumentaron las autoridades migratorias.
Las razones para deportar extranjeros también están reguladas por la Ley 25.871 y fueron modificadas por la administración libertaria. En concreto, lo que hicieron hace algunos meses con un Decreto de Necesidad y Urgencia fue agregar como “causal de prohibición de ingreso y de expulsión” del país “a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino”.
Como contrapartida, el gobierno nacional puso en marcha un programa para vender ciudadanías a inversores llamado, literalmente, Ciudadanía por Inversión. A principios de octubre, durante un viaje por Francia, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, estimó que “va a estar operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026”.
La idea es darle la ciudadanía argentina a quienes hagan un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por 350 mil dólares o suscriban un título público de USD 800.000.
