El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal en Comodoro Py luego de realizar una investigación preliminar sobre las irregularidades detectadas por el ministerio de Desarrollo Social en el cobro del Programa Potenciar Trabajo.
El ministerio conducido por Victoria Tolosa Paz había pedido que la AFIP cruzara la información disponible de los beneficiarios del Potenciar Trabajo para relevar cuál era la situación económica de los que recibían esa prestación estatal. A partir de este entrecruzamiento de datos, se detectaron beneficiarios de planes sociales que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de bienes personales, hechos que no los ubicaría entre los que pueden acceder al beneficio.
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La denuncia del fiscal es por el delito de defraudación contra la administración pública, cometido a partir de la inscripción de personas que no cumplían con los requisitos para recibir el Programa Potenciar Trabajo. Marijuan pidió que se suspendan los beneficios del plan a aquellas personas que cometieron irregularidades y que se realice un reempadronamiento.
El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa, detectando que 253.184 de ellos (el 18,30%) habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses, cuya finalidad era identificar consumos de los titulares con tarjetas de crédito o débito que excedieran en dos o más veces las acreditaciones bancarias efectuadas por el Ministerio.
Al respecto el fiscal Guillermo Marijuan indicó que “el plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser otorgado a aquellos individuos que estén obligados a presentar declaración de bienes personales”.
Bajo esa línea argumentativa, estableció que la “acción delictual defraudatoria al Estado Nacional” se habría generado “por cada beneficiario que habría engañado a la Administración Pública presentándose como un sujeto en condiciones de carencia económica para recibir una ayuda, colocando al funcionario de Desarrollo Social en un estado o situación de error que lo llevó a aceptarlo como tal, con la consecuente disposición patrimonial perjudicial que cada plan mes a mes implica para las arcas del Estado Nacional”.
En declaraciones a Radio Con Vos, el fiscal afirmó que una persona solicita la ayuda social porque está desocupada “no puede de ningún modo comprar dólares para acopiar o revender” y que “si supera el mínimo imponible de bienes personales no es una persona que necesite la ayuda del Estado”.
Otra línea que se investiga es la adquisición de la ayuda estatal de 2.800 personas que figuran en los registros como fallecidas, ya que, el cobro del programa social no es algo hereditario, por lo que, constatado el fallecimiento del beneficiario, el plan deja de otorgarse.
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