En el año 2003, los ciudadanos de Lincoln que habían votado en una de las mesas dispuestas para la elección ejecutiva de ese año, tuvieron que volver a la urna, y terminaron definiendo la elección para el cargo de Intendente, que quedó en manos del peronista Jorge Fernández. Así lo resolvió la Junta Nacional Electoral al hacer lugar a un planteo que objetó el resultado, por manifiestas irregularidades ocurridas durante el escrutinio provisorio.
Sin el recuento de la mesa anulada, los dos principales contendientes, el radical Manuel Solana y el peronista Jorge Fernández, habían quedado empatados, con 6387 votos cada uno. La paridad marca un rumbo para buscar en aquel antecedente una posible salida que termine resolviendo el conflicto planteado el último domingo en Maipú: la “elección complementaria” que ordenó aquella vez la Junta Nacional de la mesa en cuestión, torcería el rumbo definitivo de la elección, y consagraría un ganador.
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A la distancia, el paralelo es evidente: la diferencia que el actual intendente de Maipú logró para consolidar su reelección fueron 62 votos, 88 menos que los 150 ciudadanos que alegan haber sido privados de su derecho y obligación constitucional de votar. En llano: si la apelación logra que la Justicia atienda el reclamo de esos 150 electores, el resultado final podría revertir la elección y consagrar intendente electo al representante del Frente de Todos, que –por ahora- desconoce el resultado de los comicios del último domingo.
EL CASO LINCOLN
El empate en aquella elección se produjo, luego de que en el recuento provisorio el candidato del PJ superara a su adversario radical por 57 sufragios. La UCR objetó los resultados, y logró que la Justicia Electoral anulara la urna 21 perteneciente a la cabecera de distrito, tras comprobar graves inconsistencia en la confección de los telegramas.
El radicalismo pidió que se votara en dos mesas, aunque la Junta Electoral comprobó irregularidades en una sola de ellas, y ordenó una “elección complementaria”. Resultado: los empadronados en la mesa en cuestión tuvieron que volver a la urna el 23 de noviembre de 2003, casi un mes y medio después de la elección original del 14 de septiembre de ese mismo año.
En esa mesa, según las actas elaboradas por la autoridad en los comicios, había 275 sobres, pero la distribución de votos por cada fuerza sumaba 284 sufragios en total. La irregularidad quedó en evidencia con mayor grado de obscenidad cuando se ordenó la apertura de la urna que había solicitado el radicalismo, y se comprobó que en la misma no estaban las boletas, sino los “sobres vacíos”. Hubo más, el recuento arrojó la existencia de 267 sobres, contra los 275 consignados en el telegrama original.
Con esas irregularidades comprobadas, la Junta Nacional Electoral ordenó la realización de una “elección complementaria” en esa mesa, luego de sortear un cortocircuito con la Junta provincial que pretendía hacer votar sólo en las categorías municipales.
El PARALELO CON EL CASO DE MAIPÚ
A priori, el antecedente de Lincoln encuentra obvias analogías con la situación que por estas horas se discute en Maipú. La principal de ellas anida en la condición de determinante en la cantidad de electores que podrían torcer definitivamente el rumbo de la elección, y consagrar electo al candidato opositor, aunque también una diferencia substancial, los electores esta vez no pertenecen todos a una misma mesa.
En efecto, la objeción esta vez no apunta al escrutinio de una mesa en particular, sino a la supuesta privación ilegal del derecho y de la obligación de votar a 150 ciudadanos, a quienes, según se denunció, se les retuvo el DNI el último domingo. La denuncia es grave porque expone a los ciudadanos despojados de su derecho de votar libremente para elegir a sus representantes, ante las sanciones previstas por la Ley electoral por incumplir con otra condición de ciudadanía, la obligación del voto.
Con ese antecedente a cuestas, y el aporte de un experto en cuestiones electorales del peronismo en la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos prepara por estas horas un planteo similar que podría terminar con una “elección complementaria”, esta vez en una urna dispuesta al sólo fin de que los 150 ciudadanos privados de votar, puedan cumplir con su derecho constitucional.
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