Dos días después de la derrota de las PASO, y a menos de 120 de terminar su mandato, la administración de María Eugenia Vidal efectivizó el pase a planta permanente de casi 40 trabajadores. El gran ganador fue su ministro de Gobierno, Joaquín de La Torre, pero el rol del exministro de Economía, Hernán Lacunza, fue crucial.
La medida se expresó en dos decretos fechados el 13 de agosto, llevan la firma de María Eugenia Vidal, Federico Salvai, Joaquín De la Torre y el exministro de Economía Hernán Lacunza, y confirman el pase a planta permanente de 38 trabajadores del Ministerio de Gobierno.
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Los decretos fueron publicados hoy en el boletín oficial. En el primero se disminuyen 18 cargos de planta temporaria del Ministerio de Gobierno, que comanda De la Torre, y se crean la misma cantidad de cargos en planta permanente dentro de la misma jurisdicción. Se trata de un cargo de ordenanza, 10 cargos de “Técnico registral inicial”, seis cargos de abogados para la secretaría de Asuntos Municipales y uno de analista de tareas y procedimientos.
El segundo decreto elimina 20 cargos de planta temporaria y crea otros 20 en permanente. Son técnicos, abogados y analistas para el ministerio de De la Torre, que van de categoría 5 a categoría 8.
Los decretos fueron firmados el 13 de agosto, es decir dos días después del resultado electoral que comprometió la continuidad de María Eugenia Vidal y de todo Cambiemos al frente de la provincia de Buenos Aires, con lo cual se puede cuestionar la legitimidad de la acción.
Pero se puede decir más: la medida contradice las políticas que la Provincia les impuso a los municipios bonaerenses mediante el Pacto de Responsabilidad Fiscal, que impide que se lleven a cabo contrataciones de personal en los últimos seis meses de un mandato.
La iniciativa, se explicó en su momento, busca evitar una práctica habitual ante un cambio de signo político de un Gobierno, que consiste en pagar “favores políticos” con estabilidad laboral dentro de la administración siguiente.
Así consta en el artículo 6 bis de la ley, donde se lee que los municipios no pueden tomar “medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente durante el último semestre del año de fin de mandato del Departamento Ejecutivo”. La idea fue pergeñada e implementada por el saliente ministro Hernán Lacunza, que, paradójicamente, avaló con su firma los decretos publicados hoy.
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