El gobierno de Javier Milei tiene en Federico Sturzenegger a su gran arquitecto de la desregulación. La idea, en términos ideológicos, es absolutamente sencilla: el Estado sobra, los colegios profesionales son trabas corporativas y el libre mercado resuelve mejor que cualquier matrícula lo que merece o no merece ejercerse.
Esa lógica bajó hasta la Legislatura bonaerense, donde el diputado de La Libertad Avanza Juan Osaba presentó un proyecto para que cualquiera, matriculado o no, pudiera intervenir en operaciones inmobiliarias.
Los martilleros, como es entendible, salieron a defender su terreno con una velocidad y una eficacia que pocos rubros pueden exhibir hoy en el país, y el proyecto fue retirado antes incluso de tomar estado parlamentario. Aunque desde el entorno de Osaba ya anticiparon que van a volver con algo más profundo.
Lo asombroso no es que hayan frenado el proyecto. Lo notable es que pudieron hacerlo relativamente rápido y fácil.
El periodismo, la profesión que no pudo
Hay una asimetría que pocas veces se nombra: casi todas las profesiones en Argentina tienen su Colegio que los nuclea. El médico, el abogado, el escribano, el ingeniero, el arquitecto, el contador público. Todos tienen un organismo que los matricula, los regula y, cuando corresponde, los sanciona.
Incluso el martillero, esa figura a la que desde el universo libertario le están intentando negar el estatus de “profesión liberal” y prefieren clasificar como actividad comercial, también tiene su colegio y demostró que sabe cuando y como usarlo.
El periodismo, no.
No existe ni existió en nuestro suelo nunca, jamás de los jamases, un colegio profesional de periodistas. No es que nadie lo haya querido, sino que quienes podrían ayudar a impulsarlo no tienen ningún interés en que exista y son los grandes propietarios de medios de comunicación que necesitan poder contratar a quien quieran, poner al aire a quien les convenga y prescindir del requisito de formación específica cada vez que un famoso, un ex funcionario o un familiar del dueño de turno aparezca disponible.
Un colegio profesional con poder real de matriculación y sanción haría todo eso mucho más difícil.
Lo que dejó la “fake” de Florencia Peña
El caso reciente es ilustrativo. Florencia Peña anunció al aire en Luzu TV que el padre de Messi había muerto durante el Mundial, cuando Jorge Messi estaba internado pero vivo. No hubo mala intención, probablemente. Hubo algo peor: el ejercicio de una profesión que no le pertenece, sin el más mínimo protocolo de verificación, frente a millones de personas en uno de los momentos de mayor exposición mediática del año.
El daño fue real. La familia lo vivió en tiempo real. El país se paralizó en términos reales. Y no pasó nada, porque legalmente no podía pasar nada. Mentir en televisión no es ilegal cuando quien lo hace no tiene ninguna habilitación que perder. Se podrá hablar de quien pierde el trabajo o si tendrá un juicio laboral en contra el propietario del medio, pero la mentira, a niveles legales o a nivel profesionales de la comunicación no existirá jamás porque en el periodismo algo así no está previsto en ningún artículo. Es una actividad “desregulada” por default.
Y allí radica exactamente la diferencia. El martillero que opera sin matrícula (al menos hasta ahora) comete una infracción punible. El conductor de un programa que difunde la muerte de alguien que está vivo no tiene ninguna consecuencia profesional formal, porque no hay institución que pueda quitarle algo que nunca necesitó tener.
Una vara que se aplica según quién pida la desregulación
La lógica libertaria dice que la regulación es siempre una traba. Pero la realidad muestra algo más matizado: la desregulación avanza cuando los que la sufren no tienen poder para frenarla, y se detiene cuando el lobby organizado le planta cara.
Los martilleros (bien por ellos) pudieron. Los periodistas, por razones que no tienen que ver con el mercado sino con quiénes son los empleadores, nunca lograron la colegiación que en realidad permitiría elevar los estándares del oficio.
No se trata de corporativismo. Se trata de una pregunta que debería incomodar a cualquiera que consuma noticias: “¿Por qué en Argentina es más fácil desregular al que informa que al que vende una casa?”
