Con la idea de darle algo de aliento a la compleja puesta en marcha de los sistemas de Participación Público Privada en obra pública, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Vialidad, introdujo modificaciones en los contratos que alivian la carga de obligaciones de los privados y complican a los municipios.
Se trata, en concreto, de la obligación de garantizar los servicios de emergencia en caso de siniestros viales, que rigen hasta hoy en todos los corredores concesionados. Estos servicios consistían en primeros auxilios, transporte sanitario y asistencia en caso de accidente o incendio.
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Los contratos PPP son una verdadera incógnita. Por ahora avanzan en medio de la incertidumbre económica que genera el alza de los precios y las variaciones de la cotización del dólar, que ya motivó varias cancelaciones. Los corredores bonaerenses estarían asegurados porque los contratos están firmados y en Transporte juran que los harán cumplir. Pero la movida de Dietrich se entiende como un gesto amistoso para los empresarios.
En la Provincia, estos cambios alcanzarán a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205). Esos corredores atraviesan varias decenas de partidos, entre ellos Las Flores, Azul, Tandil, Tres Arroyos, Balcarce, Coronel Dorrego, Mercedes, Bragado, Junín, General Villegas, San Nicolás, Baradero y más, en un frente de más de 2 mil kilómetros de obras que deberían iniciarse en marzo.
En la actualidad, son los concesionarios de las rutas los que deben contratar los servicios de asistencia, que muchas veces ofrecen los propios municipios. Ahora, quedarán obligados a prestarlos sin que exista ningún tipo de retribución económica que compense ese gasto. Aunque indirectamente la Provincia hizo su aporte mediante el crecimiento del SAME.
Según reconstruyó INFOCIELO, en el caso de la Ruta 5, por ejemplo, el concesionario mantenía un esquema “mixto” en el cual sólo contrataba a una empresa privada en Luján y en Chivilcoy, en el resto de los municipios que atraviesa la traza eran las comunas las contratadas. Ni bien se formalizó el cambio en los contratos, dio de baja todos los convenios que había mantenido con los gobiernos locales.
La decisión de Dietrich generó el repudio de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Su titular, Guido Lorenzino, elevó un pedido formal a la Dirección Nacional de Vialidad para que dé marcha atrás con los cambios en los contratos viales. “Los bonaerenses deberán hacerse cargo indirectamente de los gastos derivados de esta decisión del gobierno, que piensa más en el negocio de las empresas que en proteger a la gente”, sostuvo Lorenzino.
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