Hay temas que generan controversias. Los planes sociales es uno de ellos. En la actualidad, casi que “cobrar un plan” es sinónimo de mala palabra. Una ayuda estatal para aprender un oficio y conseguir un empleo ha generado toda clase de repudio debido a la no del todo “transparente” ejecución. Extorsiones, “diezmo” a la organización piquetera y uso político de los más vulnerables son solo algunas conjeturas que suelen esbozarse.
Al día de hoy, los planes están generando una compleja y tensa disputa entre el gobierno y los movimientos sociales, cuya relación no se encuentra en su mejor momento. Fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien ratificó que se darán de baja 85 mil planes del programa Potenciar Trabajo por no haber validado su identidad, en medio del mega acampe piquetero en plena Avenida 9 de Julio (CABA).
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Es que mañana vence el plazo para que los titulares del programa puedan realizar el trámite, que tuvo una duración de cuatro meses.
“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión”, afirmó Tolosa Paz en declaraciones a FM Urbana Play.
No es el primer encontronazo que tiene la ministra con dirigentes piqueteros. “Le sigo diciendo a Belliboni que tiene tiempo hasta el 15 de marzo para traer a las personas que en 4 meses no han podido acercarse a ningún lugar para la validación de identidad. En lugar de movilizarlos, hacer un acampe y gritar a cielo abierto que esto es un ajuste, que los traiga a la puerta del Ministerio que tenemos todas las herramientas para la validación de datos“, había dicho Victoria Tolosa Paz en diálogo con Radio 10.
Es decir, representantes del propio oficialismo dan cuenta del “uso político”. Y parte del periodismo también aboga por esta interpretación.
“Decí que no querés estudiar”
El periodista de A24, Esteban Trebucq, muestra en vivo un audio donde una mujer cuenta que desde la aplicación Mi Argentina, les llega un mensaje a los beneficiarios de planes preguntando si quieren terminar los estudios. “Si ustedes responden que sí, lo que sucede es que los cambian de unidad de gestión, y tienen que empezar a cursar la escuela. Si no van todos los días, no aprueban y todo eso, se les va a caer el programa“.
“¿Qué aconsejamos nosotros? Que no respondan nada y si responden algo que sea “no quiero estudiar”. Un garrón pero bueno, es para que ustedes se aseguren de que no los cambien de unidad de gestión y se queden sin resguardo”, continúa la mujer.
“Si vos le cambiás la unidad de gestión, el movimiento social se queda sin ese beneficiario. Va pidiendo un porcentaje del curro“, comenta, visiblemente indignado, el ex Pelado de Crónica. “No estudiar para cobrar el plan”, reza el graph. El plan social empieza a alejarse de aquella dignidad que pretendía otorgar por medio del trabajo y la capacitación.
De ambos lados del mostrador
La oposición tampoco se quiso quedar afuera de la polémica. La Coalición Cívica, el partido político que preside Elisa Carrió, denunció una “asociación ilícita” liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que, como si fuera poco, son funcionarios del Gobierno nacional.
En concreto, los acusan de girar, a través de “convenios” amañados (el “curro” del que hablaba Trebucq, el “uso político” que supuso la ministra Tolosa Paz) más de $3.000 millones a sus cooperativas.
Uno de los denunciado es Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, área que depende de la cartera que comanda la propia Tolosa Paz. “Cuando nos dicen que estamos de los dos lados del mostrador, por supuesto, ¿por qué la burguesía nada más puede estar de los dos lados del mostrador? ¿los trabajadores no pueden estar de los dos lados del mostrador?”, había dicho Pérsico en agosto del 2021.
Según este esquema, los acusados otorgan y supervisan la ejecución porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos.
En la causa penal que tramita en el despacho del juez federal Daniel Rafecas, se asegura que se trata de una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo– para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”, en este caso el Frente de Todos.
Una historia sin fin. Algunos se benefician, muchos se perjudican. El tira y afloja de la política que, una vez más, no puede solucionar las necesidades. Y en el medio, la gente.
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